La Defensoría del Pueblo, con la participación de su Regional Valle del Cauca, interpuso una acción de tutela, con medidas provisionales, para que sean protegidos los derechos a la seguridad, integridad y vida de los concejales del municipio de Tuluá, pues vienen siendo objeto de todo tipo de ataques, como amenazas, a través de panfletos, atentados y, como ya sucedió con uno de sus compañeros, homicidios.
La autodenominada estructura criminal ‘La Oficina’ sería la responsable de los hechos.
“El Juzgado Tercero Municipal del Circuito de esa población vallecaucana, mientras emite el fallo de primera instancia, ya conminó a la Unidad Nacional de Protección a «realizar un análisis de viabilidad de adoptar medidas de protección provisionales a favor de los demandantes»”, indica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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El recurso jurídico acciona no solamente a la Unidad Nacional de Protección, también a los ministerios de Defensa y del Interior y a la Policía Nacional. “Necesitamos protección especial para los cabildantes, sobre todo por el nivel de riesgo en el que ahora mismo se encuentran”, llama el Defensor del Pueblo.
La pasada tercera semana de abril, luego del evento de los 100 días de la administración municipal, fue asesinado el concejal Carlos Londoño, suceso en el que también murió la representante de una asociación de personas con discapacidad, con asiento en esa localidad del departamento.
“Mientras haya inseguridad, alteración del orden público, amenazas, falta de garantías para la protección personal, es preciso que sean elaborados planes de trabajo idóneos, con la finalidad de que permitan salvaguardar los derechos fundamentales de los regidores y sus grupos familiares”, señala Carlos Camargo Assis.
Como entidad garante de los derechos humanos, remarca el Defensor del Pueblo, “continuamos insistiendo en que los grupos delincuenciales organizados y organizaciones armadas al margen de la ley no pueden estar por encima de ninguna de las instituciones. Por eso, es imperativo acudir a la puesta en marcha de acciones contundentes, para devolverles la tranquilidad a quienes en este momento son objeto de intimidaciones”.
El mecanismo de protección constitucional también tiene como fin instar a la Mesa Directiva del Concejo de Tuluá a estudiar la implementación de sesiones virtuales, dadas las amenazas contra los cabildantes.
“Ante la situación actual de peligro y riesgo extraordinario al que están sometidos estos servidores de elección popular, y teniendo en cuenta que durante el 2023 en el municipio fueron asesinadas 124 personas, es oportuno asegurar la eficacia de las medidas solicitadas. Los entes accionados deben proteger de manera integral sus derechos constitucionales”, enfatizó el Defensor del Pueblo.