El futuro de las órdenes de captura contra los negociadores del Eln, las cuales están suspendidas, quedará en manos del presidente electo Iván Duque.

Así lo anunció en la Casa de Nariño el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, quien manifestó que la seguridad jurídica de los guerrilleros se mantendrá hasta nueva orden.

“El Gobierno del presidente Santos ha tomado la decisión de que esas condiciones se mantengan de manera indefinida, es decir se le entrega al próximo Gobierno un marco jurídico, un proceso caminando y con todas las garantías jurídicas para que el ELN se pueda mantener con todas las garantías de seguridad en La Habana”, dijo Rivera.

Así las cosas, el Gobierno de Juan Manuel Santos, entregará informes minuciosos al electo presidente, Iván Duque, sobre el proceso de paz que se adelanta con el Eln.

“Informes detallados para que el próximo gobierno tenga todo el conocimiento de los avances y dificultades que ha tenido el ciclo de negociaciones con el ELN y tome las decisiones que considere", aseguró Rivera.

El alto funcionario añadió que aunque el encuentro de este miércoles con su contraparte no fue satisfactorio “y no se pudo firmar el acuerdo del cese al fuego, los avances son importantes” para sentar las bases de un nuevo acuerdo.

El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con esta guerrilla, Gustavo Bell, entregó un balance del quinto y sexto ciclo de conversaciones. Según el negociador, la falta de resultados positivos en estos dos últimos ciclos se debe a la suspensión del quinto ciclo en enero, el deterioro de la confianza al reinicio del mismo, la salida de Ecuador como garante del proceso y la coyuntura electoral.

También explicó los motivos por los que no se llegó a un nuevo acuerdo de cese al fuego: “Nos siguen distanciando algunos puntos con respecto a hostilidades y medidas de seguridad para el ELN”.

Según el jefe de la delegación del Gobierno, la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal colombiana señalaron la necesidad de desarrollar un protocolo (entendimientos entre las partes) de medidas de seguridad del ELN. “Quedó enunciado y debió haberse desarrollado para poder verificarse en el terreno la situación, pero no se pudo avanzar en su desarrollo. Es definitivamente importante si queremos que el mecanismo pueda verificar el cese al fuego en el terreno”, detalló.

Igualmente, agregó, se acordó la necesidad de adelantar otros dos protocolos: uno sobre ubicación y movilidad del ELN y otro que resolviera los incidentes que se presenten en el terreno. “Están planteados pero no se han podido desarrollar porque subsisten diferencias y el ELN no acepta que esos protocolos formen parte del acuerdo”.

Bell afirmó que estos puntos son ineludibles para que la CEC y ONU puedan desarrollar con efectividad el mecanismo de verificación, puesto que “quedar sujeto al solo compromiso de las partes es difícil. Por ello era necesario que quedaran taxativamente definidos”.

Rivera manifestó que estas mismas falencias se tenían en el cese al fuego anterior (entre octubre y enero pasados). Es decir, las partes tenían muchas dificultades para gestionar denuncias de incidentes al cese (por ejemplo, no había entendimiento sobre qué era una violación al cese al fuego y qué no lo era). Faltaba desarrollo y precisión, acotó.

Señaló, por último, que en el empalme con el equipo de Duque, en cabeza de Miguel Ceballos, “hemos compartido las lógicas estratégicas de esta negociación”.

Bell se mostró “razonablemente optimista” sobre el futuro del proceso: “Con una sensación de frustración, pero con la esperanza de que si hay voluntad, es posible llegar a suscribir un acuerdo para que se dé el fin del conflicto con el ELN”.

Por último, haciendo un llamado para avanzar en el punto del cese al fuego, concluyó diciendo que será el próximo Gobierno quien defina lo concerniente al mismo.

“No nos podemos olvidar de las comunidades que sufren el rigor de la guerra en las zonas de influencia del ELN. El cese al fuego es un reclamo de toda esa comunidad que no podemos olvidar”.