A siete mandatarios seccionales y locales, aparte de los 10 gobernadores que ya estaban siendo indagados, la Procuraduría abrió investigaciones por presuntas irregularidades en la planeación, contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante las vigencias 2016 y 2017.

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que las pesquisas que buscan determinar si los funcionarios a cargo del PAE, empezando por los alcaldes y gobernadores, incurrieron en faltas disciplinarias, se están adelantando en los departamentos de Amazonas, Arauca, Meta y Valle del Cauca; en el municipio de Quibdó; y en los distritos de Buenaventura y Cartagena. Los afectados serían más de 600.000 de estudiantes.

El órgano de control investiga a los actuales gobernadores de Valle del Cauca (Dilian Francisca Toro) y Arauca (Ricardo Alvarado), y al alcalde de Quibdó (Isaías Chalá).

Así mismo, se les adelantan procesos disciplinarios a los ex gobernadores de Amazonas (Manuel Antonio Carebilla) y Meta (Alan Jara), así como a los ex alcaldes de Buenaventura (Eliecer Arboleda) y Cartagena (Manuel Vicente Duque).

Como lo informó ayer EL NUEVO SIGLO, la Procuraduría también les adelanta proceso disciplinario a los mandatarios territoriales Ricardo Alvarado (Arauca), Eduardo Verano (Atlántico), Álvaro Pacheco (Caquetá), Óscar Campo (Cauca), Jorge Emilio Rey (Cundinamarca), Carlos Eduardo Osorio (Quindío), Óscar Barreto (Tolima), Didier Tavera (Santander), Edgar Martínez (Sucre) y Jesús María Vásquez (Vaupés).

Según el comunicado del Ministerio Público, en el Valle del Cauca se le abrió investigación disciplinaria a la gobernadora Toro; a la secretaria de Salud, María Claudia Lesmes; a los subsecretarios de Salud Pública, Paula Cristina Bermúdez, y Prosperidad Social, William Hernández; y a Jorge Isaac Fernández, interventor de los convenios 010-18-005, 010-18-006, 010-18-0565 y 010-18-0566.

La Procuraduría busca determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con posibles irregularidades en la suscripción de estos convenios de manera directa, al parecer, omitiendo la convocatoria pública. Se advirtió también el no suministro de alimentación por varios días, y la no garantía en la prestación del servicio desde el primer día del calendario escolar.

En Arauca, el órgano de control abrió investigación disciplinaria al gobernador Alvarado; a la secretaria de Educación, Gladys Yolanda Montes; al gerente de Contratación, Edgar Alfonso Cadena; y a Rubén Darío Bustamante, supervisor del contrato de suministro 516 de 2016, que tenía por objeto la “implementación del Programa de Alimentación Escolar en las instituciones y centros educativos del departamento de Arauca”, por valor de $991.165.565.

Al parecer, en el negocio jurídico, que buscaba beneficiar a 8.037 estudiantes, se pudieron presentar irregularidades en el proceso de subasta SU 0614-2016 relacionadas con presuntas deficiencias técnicas, sobrecostos, y anomalías en la adjudicación, ejecución y supervisión del contrato, entre otros.

En otro proceso, la Procuraduría investiga además de Alvarado y Montes, a la representante legal de CML Ingeniería y Consultorías SAS, Marisol Garrido Garzón, y a la supervisora del contrato de interventoría 003 de 2016, por hechos relacionados con la intoxicación de más de 300 niños y niñas, al parecer, por consumir alimentos del PAE correspondientes al contrato 02 de 2016, y cuya interventoría se ejecutó en el negocio jurídico 003 de 2016 por $123.008.778.

Asimismo, el órgano de control abrió investigación disciplinaria en Quibdó al alcalde Chalá y los secretarios Dayci Mariela Mosquera (General) y Harold Ramírez (Educación) por presuntas irregularidades en la contratación del programa.

La Procuraduría busca establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias porque al parecer la administración no contrató con lista de precios, y no hay claridad sobre dos prórrogas realizadas al negocio jurídico.

En este sentido, el Ministerio Público solicitó informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales con el fin de determinar los criterios que tuvo en cuenta la Alcaldía de Quibdó para fijar el valor de la ración y si estuvo fundamentado en las exigencias y lineamientos del PAE.