El nuevo Gobierno de Colombia del período 2018-2022 haría bien en sincerar su Regla Fiscal, lo que implica abandonar los desenfocados criterios de brechas de producto y precios de petróleo, pero previamente adoptando las reformas estructurales.

Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), una flexibilización de la Regla Fiscal tan solo debería ocurrir tras haberse adoptado reformas estructurales en los frentes tributario, pensional, laboral y de correctivos al “laberinto fiscal” por el cual ha venido transitando Colombia durante la última década y que deben pasar por el Congreso de la República.

En opinión de los analistas, las directrices del Comité Consultivo de la Regla Fiscal constituyen un gran error al estar convalidando mayor déficit fiscal y mayor deuda pública, sin haberse adoptado correctivos previamente.

Solo de esta manera, señala el análisis, se evitará el cúmulo de discrecionalidades y el país se movería hacia lo que verdaderamente importa para lograr el “anclaje fiscal”: un objetivo de superávit primario del Gobierno central para asegurar que la relación Deuda Pública Bruta/PIB no desborde determinado nivel, antes de que su trayectoria se vuelva dinámicamente insostenible, lo cual suele ocurrir a niveles del 60% en el consolidado público, y Colombia ya casi llega allí.

Un estudio del BNP Paribas advierte que Colombia requiere más que nunca dichas reformas estructurales para recuperar la credibilidad fiscal y evitar que “esa mayor talla de cintura no resulte en mayor obesidad fiscal”.

Haciendo cuentas

De otro lado, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal sugirió mantener la meta de déficit nominal en 3,1% del PIB este año (desde 3,6% el año pasado).

A partir de entonces, se traza un déficit de 2,4% para el año próximo (la meta estaba en 2,2% en el Marco fiscal de Mediano Plazo del año pasado) y de 2,2% en 2020 (1,6% anteriormente).

De acuerdo a la trayectoria actualizada el déficit fiscal nominal solo alcanzaría la meta de 1% en 2027, cinco años después de lo previsto anteriormente.

El comité autoriza este ajuste fiscal más gradual respaldado por una brecha de producto más amplia.

La expansión del PIB el año pasado fue de 1,8% por debajo de 2,3% incorporado en el Marco fiscal de Mediano Plazo de 2017, lo que resultó en una brecha de producto cercana a 0,4%, mayor a la anticipada el año pasado.

El promedio de las estimaciones de crecimiento potencial del PIB por parte de los miembros del comité se sitúa entre 3,4% y 3,6% durante la próxima década.

Por lo tanto, dado que la probabilidad de que el crecimiento se ubique por debajo del potencial este año y el próximo, la brecha del producto continuará ampliándose, alcanzando un máximo de 4% del PIB potencial en 2019, según el comité.

Un análisis del Banco Itaú, señala que aunque las últimas metas parecen más alcanzables, especialmente teniendo en cuenta el repunte de los precios del petróleo, la tarea fiscal estará a la cabeza de los principales desafíos del gobierno entrante.

Inconsistencias

ANIF ha venido mencionando que la actual Regla Fiscal presenta serias inconsistencias y por ello se debería migrar a una que se enfoque en lo que se denomina una “estrategia de Deuda Objetivo”.

Esta consiste en fijar criterios de estabilidad de la deuda pública bruta del Gobierno Central de tal manera que esta no supere el actual 45% en la relación Deuda Pública Bruta/PIB.

Ello implica adoptar movimientos contracíclicos en el déficit primario, de manera análoga a la estrategia de “Inflación Objetivo”, con miras a no desbordar el umbral del 60% del PIB en la deuda pública consolidada. Cabe recordar que actualmente la deuda pública consolidada se ubica cerca del 57% del PIB.