Persisten varias de las situaciones por las que se declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales en materia Penitenciaria y Carcelaria, informó ayer la Contraloría General de la República.

Así lo reveló el propio organismo de control al dar cuenta del tercer documento de seguimiento entregado a la Corte Constitucional.

Entre las situaciones detectadas se cuentan el lento avance en la construcción y puesta al servicio de nuevos cupos carcelarios; persiste la obsolescencia de la infraestructura carcelaria en servicio; incumplimiento sistemático de las condiciones mínimas de habitabilidad; procesos de resocialización poco efectivos; inadecuadas instalaciones para conservación y preparación de alimentos; y deficiente acceso a atención de salud y a servicios públicos.

Para la Contraloría, aunque el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reporta una disminución de siete puntos en el hacinamiento, en el período de julio de 2016 a mayo de 2018 (al pasar de 54,6% al 47,8%), este resultado positivo se ve afectado negativamente por el escaso dinamismo de la construcción de nuevos cupos carcelarios.

De los 1.839 cupos dados al servicio en el período, sólo 768 fueron nuevos. Ello quiere decir que los 1.171 restantes fueron habilitados, refaccionados o acondicionados en pabellones preexistentes, lo que implica que se habilitaron espacios para que los internos pernoctaran sin las correspondientes áreas para resocialización, alimentación, salud y demás aspectos de habitabilidad contemplados en las normas internacionales para proteger los derechos la población privada de la libertad.

Tal circunstancia se ve agravada cuando se evidencia que la mayoría de cupos rehabilitados, se implementaron dentro del 88% de la infraestructura existente, que es obsoleta, está deteriorada y carece de los espacios necesarios para el desarrollo de programas exitosos de resocialización.

La situación antes descrita deja en evidencia la ausencia de nuevos establecimientos desde la década anterior, lo que implica que la renovación de la Infraestructura Carcelaria no se ha dado y, por ende, continúa el incumplimiento sistemático de las condiciones mínimas de habitabilidad.

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La obsolescencia de la infraestructura actual, impide la separación entre población sindicada y condenada, tal como se logró evidenciar en 18 de los 22 establecimientos visitados.

A la deficiente capacidad de ejecución en materia de construcción de nuevos cupos y de mantenimientos de la infraestructura existente, que se refleja en la puesta en servicio de solo uno de seis nuevos pabellones contratados en virtud de la emergencia carcelaria decretada en 2013 (Epmsc Espinal), se suma la decisión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) de comprometer el presupuesto de inversión de cuatro vigencias fiscales en un contrato interadministrativo con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

El objeto del contrato fue ejecutar proyectos de construcción, mantenimiento y dotación por más de 430.000 millones de pesos de 2016, lo que implicó la destinación de recursos para sufragar costos de intermediación por 33.439 millones de pesos.

Tal circunstancia, además de consumir recursos necesarios para mejorar las condiciones de la infraestructura actual, implicó la paralización en la provisión de soluciones de mantenimiento, llevando a que no se ejecutaran recursos para tal fin durante las vigencias 2016 y 2017, sin contar con la ausencia de nuevos cupos.

Las pruebas realizadas determinaron la existencia de contratos de mantenimiento para intervenir infraestructura de los establecimientos en Bucaramanga, Anserma y Pereira. Los restantes establecimientos reportan como última intervención trabajos ejecutados en desarrollo de contratos de 2015.

Algunas actividades fueron contratadas en los últimos dos años, para atender problemáticas específicas que han surgido en cumplimiento de acciones judiciales, como los casos de la Cárcel Modelo Bogotá y la renovación del área de duchas y baterías sanitarias del reclusorio de mujeres, así como del rancho de preparación de comidas de la cárcel El Cunduy, en Florencia (Caquetá), las cuales se adelantaron en cumplimento de la sentencia T-762 de 2015 de la Corte Constitucional.

En materia de aseo y saneamiento básico, se evidenció que la mayoría de establecimientos visitados no cuentan con baterías sanitarias y duchas suficientes para la cantidad de usuarios, o teniéndolas, las mismas se encuentran en precarias condiciones o fuera de servicio.