La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar durante la Rendición de Cuentas de la gestión de 2017, indicó que durante esa vigencia fueron defendidos los derechos de 463.732 familias capitalinas.

Las principales actuaciones se dieron para atender quejas y solicitudes de orientación e intervención en temas como salud, educación, consumidor, pensiones, servicios públicos, ambiente, movilidad, debido proceso y derechos humanos (en especial familia, víctimas y personas privadas de la libertad).

El Centro de Atención a la Comunidad (CAC) atendió 88.287 personas, 24.094 en orientación jurídica, 9.708 en la elaboración de acciones de tutela, 6.210 en derechos de petición, 19.601 solicitudes de audiencias de conciliación, 4.645 solicitudes de inscripción en el Registro Único de Víctimas, cerca de 3.000 de defensa del consumidor y otros derechos fundamentales.

Asimismo se atendieron 51.757 peticiones de los ciudadanos a través de la Línea 143. De ellos el 62% en temas de salud, 25% orientación jurídica, 5% familia, 3% consumidor, 3% pensiones y cesantías, y 2% servicios públicos. 

Disciplinarios

Se recibieron 4.931 quejas por presuntas irregularidades, lo que generó un aumento de noticias disciplinarias con respecto al 2016 en 31% y un incremento de investigaciones en 41%. De esa forma, se tomaron 1.373 decisiones de fondo que permitieron impulsar la descongestión de procesos disciplinarios. Se iniciaron 1.372 indagaciones preliminares y 825 investigaciones disciplinarias. Se formularon 85 cargos, la mayoría contra servidores de alcaldías locales y secretarías de educación y salud. Se realizaron 62 citaciones a audiencia pública en procesos verbales, agilizando las investigaciones.

El 89% de las faltas fueron calificadas como gravísimas o graves. La principal conducta es violación al régimen de contratación. El 82% de los fallos son destituciones y suspensiones en el ejercicio del cargo. La mayoría contra servidores que se desempeñaron como alcaldes locales. 

Veeduría

Se tramitaron 20.349 quejas, de ellas, en materia de salud y bienestar social se atendieron 15.232 casos, hábitat y servicios públicos 1.388, en educación 1.262, en movilidad y urbanismo 1.263, gobierno 549 y en impuestos y finanzas distritales 492.

Se efectuaron 145 informes de veeduría. En el tema movilidad 24, social 22, finanzas 22, hábitat 21, 20 educación, 18 de ambiente y 18 de gobierno.

Los principales temas de las veedurías fueron, entre otros: Transmilenio, Relleno de Doña Juana, casas de justicia, recaudo de cartera de multas y sanciones no tributarias, atención en hospitales del Distrito, estado de ciclorutas, entre otros. Y se realizó la conformación de las Redes de Veedurías, con la participación de 34 veedurías ciudadanas, en siete temas.

Personerías locales

Se llevaron a cabo 57.972 actuaciones en las alcaldías locales e inspecciones, entre revisiones y notificaciones de querellas. Hubo 60 jornadas de impulso procesal a querellas de las alcaldías, en las que se revisaron 15.112 expedientes sobre espacio público, establecimientos de comercio y régimen urbanístico. Se dieron 19.421 impulsos procesales para evitar nulidades, pérdida de fuerza ejecutoria, prescripciones y violación al debido proceso. Se intervino en 1.006 querellas para evitar su caducidad. Allí se detectaron presuntas irregularidades que derivaron en 481 solicitudes de investigación disciplinaria.

Se acompañaron 360 operativos de recuperación de espacio público y de verificación de funcionamiento de establecimientos comerciales. La revisión de la contratación y la gestión administrativa local, generó la solicitud de más de un centenar de investigaciones disciplinarias.

En derechos humanos se tramitaron 34.798 solicitudes. Se realizaron 938 visitas a centros educativos, de adultos mayores, jardines e instituciones de salud. Se recibieron 949 declaraciones de víctimas del conflicto armado. Se instalaron diecinueve mesas de víctimas y 20 comités locales de derechos humanos.

Ministerio Público

En esa vigencia se dio trámite a un total de 128.749 peticiones. El 50.7% de las solicitudes por parte de mujeres, el 38,2% hombres, el 2% personas LGBTI y 10,9% que no se identifican.

Con la intervención de la Personería se logró que 18.469 personas no ingresaran irregularmente al Centro de Traslado por Protección. Se llevaron a cabo 1.077 visitas a celdas de las URI, visibilizando la grave situación de hacinamiento, deficiente infraestructura, problemas de salubridad y falta de atención en salud a los retenidos en esos lugares.

Se realizaron un total de 169.773 intervenciones del Ministerio Público, de las cuales el 95% corresponde a actuaciones de oficio y el restante a petición de una de las partes. Cabe resaltar que dieciséis de las 25 agencias especiales, tienen como sujetos pasivos a personas de género femenino, en atentados contra su vida, integridad y libertad sexual.

Se promovieron y acompañaron 10.361 diligencias de rescate o de restablecimiento de derechos en favor de los menores de edad, así como en la imposición y seguimiento a las medidas de protección ante situaciones de violencia intrafamiliar.

Se realizaron 26.299 actuaciones en expedientes penales, 25 agencias especiales y 201.817 enterramientos. Se sensibilizaron a 153.052 personas en derechos fundamentales.