LA SITUACIÓN de los ciudadanos que enfrentan procesos policivos y que están a la espera del fallo definitivo requerido ante las autoridades Administrativas Especiales de Policía, es considerada como una posible vulneración de derechos por parte de la Personería de Bogotá.
El ente observó que, aunque se acude al recurso de apelación en el que se revise la posible vulneración del debido proceso o la garantía a defenderse, esta situación se convirtió en un trámite difícil, lento y engorroso para el ciudadano que busca justicia.
En ese sentido, el Ministerio Público Distrital evidenció que no hay unificación de criterios respecto del proceso policivo, por lo que cada autoridad administrativa, encargada de tramitar casos en segunda instancia, adoptó mecanismos y protocolos diferentes, generando incertidumbre frente a los residentes en la capital, que presentan su inconformidad frente a las decisiones que los afectan.
“Desde la entrada en vigencia del Acuerdo 735 de 2019, que creó las Autoridades Administrativas Especiales de Policía en Bogotá, encargadas de resolver los recursos de apelación interpuestos contra decisiones de alcaldes, inspectores y corregidores, se han proferido 989.000 decisiones de fondo, de las cuales solo el 0,3% han sido objeto de recurso de apelación, lo que permite inferir que la ciudadanía no tiene conocimiento de esta instancia ni de su funcionamiento”, afirmó Martha Lucía Cipagauta, delegada para Asuntos Policivos y Civiles de la Personería de Bogotá.
- Le puede interesar: Seis recomendaciones de la academia sobre Política de Seguridad
Acorde con lo anterior, se encontró que hasta el momento algunas Autoridades Administrativas Especiales de Policía, como las Secretarías de Hábitat, Educación, Cultura, Recreación y Deporte, no han conocido de ningún recurso.
Además, a otras entidades han llegado un número bajo de apelaciones, como Cuerpo Oficial de Bomberos (3); Secretaría de Salud (5); Ambiente (30) y el Instituto de Protección Animal (48).
“Por otra parte, las Comisarías de Familia, que también fueron designadas en esta función, nunca han cumplido con esta competencia, por lo que, no hay una razón que permita entender el fin perseguido con la creación de estas autoridades, haciendo más difícil unificar criterios en los procesos de policía”, indica la delegada.
Por tal razón, la Personería de Bogotá solicitó que estas autoridades sean convocadas con el fin de que unifiquen criterios alrededor del proceso de policía, conllevando a garantizar el debido proceso de los ciudadanos, en el trámite y sustentación de recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de los inspectores y corregidores distritales de policía.
Asimismo, evidenciaron la necesidad de que se expida un nuevo Código de Policía en Bogotá, con el fin de contar con una herramienta que se ajuste al nuevo procedimiento de policía y competencias de las autoridades distritales.