“… La situación está brava… Aquí estamos es para ayudarnos entre todos y uno en la junta lo que busca es liderar y apoyar, porque cualquier cosa que se haga es un bien para la comunidad, para nosotros mismos… Pero hay que tener cuidado, porque tampoco se trata de ganarse un tiro o de que lo maten a uno porque a este o aquel no le gusta algo o quiere que la junta lleve a la gente para aquí o para allá”.

Quien habla es un campesino de toda la vida que, además, es integrante de una Junta de Acción Comunal (JAC) de una vereda de un municipio del oriente del país, cuya ubicación y nombre se mantienen, por obvias razones, en reserva.

Él, como muchos otros comunales, se encuentra muy preocupado porque de un año y medio para acá los grupos armados ilegales, más específicamente de las disidencias de las Farc, empezaron a “volver a asomar por aquí y todo se volvió a calentar”.

“… Yo no le jalo a la política, pero cada vez que puedo sí jodo a los concejales y al alcalde para que nos ayuden con cemento y arena para una placa huella, para que manden un médico a un vecino enfermo, para que la Umata nos regale abono o venga a vacunar animales, para que nos manden a la inspectora o a la Policía para arreglar algún pleito de cercas … o nos presten la retro para mover algún derrumbe o cunetear la carretera… Eso molesta a los del otro lado (los guerrilleros) y uno queda en medio de una pelea en la que no tiene velas…”, agrega este campesino que lleva 25 años viviendo en esta vereda y desde hace una década entró a la JAC.

Indicó que “… si bien aquí siempre ha existido gente armada, de un lado y de otro, antes como que respetaban más… Ahora, a usted le pueden meter un tiro porque lo vieron hablando con un policía, pidiendo que la inspectora venga a solucionar algún problema o porque pida que arreglen una vía o un puente… Creen que uno se le pasa de sapo… Eso da miedo a todo el mundo aquí y la gente ya ni quiere venir a las reuniones de la junta para no meterse en problemas”.

Drama extendido

Pero no es una situación aislada. De hecho, son cada vez más juntas, sobre todo las veredales, las que vienen afrontando una serie de dificultades por las amenazas, exigencias y hasta asesinatos de sus integrantes por parte del Eln, las disidencias y reincidencias de las Farc así como bandas criminales que se dedican al narcotráfico, minería ilegal, contrabando, tala de árboles y hasta robo de tierras. Muchos de estos casos ya son investigados por las autoridades e incluso hay capturados y condenados por atentados y amenazas a activistas comunales.

Hoy en el país están registradas ante el Ministerio del Interior unas 45 mil JAC integradas por más de seis millones de hombres y mujeres, constituyéndose en la principal red de trabajo comunitario a nivel nacional. Sin embargo, en los últimos meses, especialmente, en Cauca, Antioquia, Nariño, Valle, Córdoba, Norte de Santander, Chocó, Putumayo, Meta y Arauca, entre otros departamentos, vienen afrontando un aumento de la intimidación por parte de las facciones armadas.

Los cabecillas de estos grupos no solo prohíben a los comunales tratar con las autoridades sino que les exigen que difundan sus ‘ordenes’ ante la comunidad y que se cumplan al pie de la letra’. Si se niegan, corren grave peligro.

“Más que pedir, exigen a los campesinos que talen los árboles cerca a caminos, las carreteras y potreros para que los militares y policías no les puedan tender emboscadas… En otros casos piden lo contrario: exigen que los campesinos no deforesten o que no acaten programas gubernamentales o de agencias de cooperación de Estados Unidos”, dijo una alta fuente de las Fuerzas Militares.

Rol clave

Para el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, hay que tener en cuenta que “las JAC son de las organizaciones con más víctimas entre los defensores de derechos humanos, exfirmantes de los acuerdos de Paz, defensores de la tenencia de la tierra y del medio ambiente”.

“Las juntas son las más extendidas en todo el territorio nacional y, por supuesto, lideran la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones para las necesidades que afrontan sus regiones.  También tienen un lugar para la superación de conflictos y para el trámite de solución de justicia en irregularidades de fácil solución que se presentan en las veredas más alejadas”, explicó Valencia a EL NUEVO SIGLO.

Insistió que “ante esta ola de muertes de sus integrantes, los ciudadanos empiezan a retraerse de participar en estas organizaciones de vital importancia para el país. Es muy grave, porque estamos hablando de la organización social más antigua en el país y, por supuesto, la más extendida”.

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Valencia sostuvo que el Gobierno debe brindar protección y garantías a todos los integrantes de las JAC y “no amenazarlos con quitarles la personería jurídica si no se registran en los tiempos de ley”.

El investigador denunció que los grupos armados “han utilizado mucho a las juntas para llevar a cabo algunos de sus propósitos”. Recordó que cuando las otrora Farc “ya estaban negociando el acuerdo de paz decidieron que muchas de las cosas que ellos hacían, sobre todo para evitar conflictos en las comunidades, se las delegaron a esas juntas. Además, porque se encontraban con ellos en todos los lugares del país”.

“No solo los grupos armados al margen de la ley han pretendido utilizar a las juntas por ser una organización extendida en todo el país, sino los mismos partidos políticos y otros grupos. Es decir, siempre es una tragedia para esas organizaciones que tanto bien le hacen al país”, puntualizó.

De otro lado, el presidente del Indepaz, Camilo González Posso, en diálogo con este Diario, afirmó que “los líderes comunales y los indígenas son los que llevan la peor parte de la oleada de asesinatos. Miren lo que acaba de ocurrir en Puerto Leguízamo, ahí murió un líder comunal”.

“Estos crímenes están produciendo una crisis muy grave en Colombia, porque una junta es una organización base en las veredas y en los barrios, y estos crímenes están generando una destrucción de la base de la democracia y del liderazgo. Por esta razón, el Gobierno debe tomar cartas en estos hechos tan graves”, precisó.

El investigador explicó “que en estos momentos, especialmente, en los campos, pero también en las ciudades, hay mucho terror e intimidación. Por esta razón, en muchas regiones los ciudadanos no quieren postularse para integrar las juntas pero los que lo hacen tienen una actitud valiente y heroica para trabajar por sus veredas, por sus barrios, por su territorio”.

Insistió en que “el Estado debe brindar plenas garantías para que no se resquebrajen las estructuras de nuestra democracia y en especial todo lo relacionado con los líderes comunales… Desde la firma del acuerdo de paz a la fecha son más de 1.350 líderes sociales asesinados, entre ellos 1.200 comunales.  Estas cifras son dramáticas y muy graves para el país”.

González Posso recalcó que “un líder social es una construcción colectiva y no se da como de la noche a la mañana, porque es una gran conquista para el país que los líderes actúen. En una democracia los líderes son producto de las comunidades de base, pero con lo que está pasando, por lo menos una tercera parte del territorio está amenazado. Cerca de 300 municipios están amenazados por la presencia de grupos armados al margen de la ley en el último año. Reitero que la situación es crítica y en especial en las regiones más pobres donde asesinan a nuestros líderes”.