El presidente Gustavo Petro emitió una directiva clave dirigida a su gabinete que destaca la necesidad de ejecutar directamente los recursos sin intermediarios, marcando un nuevo rumbo en la eficiencia gubernamental y el uso de los fondos públicos.

La directiva presidencial, fechada el 14 de noviembre, establece una clara instrucción para los ministerios, entidades adscritas y vinculadas con capacidad jurídica para contratar: ejecutar directamente sus recursos, evitando intermediarios en la ejecución de políticas y recursos públicos. 

La decisión del presidente Petro se fundamenta en la confianza en las dependencias internas, entidades adscritas y vinculadas, que poseen la capacidad jurídica para contratar. Según la directiva, estas entidades son las más idóneas para ejecutar políticas públicas, dado su conocimiento profundo de las características y condiciones de sus respectivos sectores. Al evitar intermediarios, se busca garantizar una ejecución eficiente de los recursos públicos, cumpliendo con los postulados establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.

La directiva destaca la competencia, experiencia e idoneidad de los ministerios y sus entidades adscritas para gestionar directamente las políticas públicas. La eliminación de intermediarios se presenta como un paso crucial para agilizar los procesos de contratación y ejecución, permitiendo una respuesta más rápida y precisa a las necesidades de cada sector. Esto, según la directiva, redundará en una ejecución más eficiente de los recursos públicos.

La medida también reconoce que las entidades internas son las que mejor conocen las características y condiciones de sus respectivos sectores. Al ejecutar directamente los recursos, se espera que estas entidades puedan adaptarse más eficazmente a las particularidades de sus áreas de competencia, cumpliendo así con los postulados del artículo 209 de la Constitución Política.

Aunque se insta a la ejecución directa, la directiva garantiza el respeto a los contratos vigentes hasta la fecha de su emisión. Esto sugiere una transición planificada hacia la nueva modalidad, evitando afectar compromisos ya establecidos y brindando estabilidad a las relaciones contractuales existentes.

En conclusión, la decisión de Petro de impulsar la ejecución directa del presupuesto busca una gestión más eficiente y alineada con los principios constitucionales y legales. El desafío ahora radica en la implementación efectiva de esta medida y en la evaluación continua de su impacto en la administración de los recursos públicos.