LA DEFENSORÍA del Pueblo manifestó preocupación por incumplimiento a la Sentencia T-622 de 2016, la cual reconoce al río Atrato como sujeto de derecho. En tal sentido, solicitó la conservación de este afluente.

Esta información la dio a conocer ayer, a través de un comunicado, en el que el defensor Carlos Camargo Assis solicita el establecimiento de acciones claras y concretas que garanticen el bienestar y cuidado de las comunidades chocoanas que lo habitan.

“En el seguimiento que realizamos desde la Defensoría del Pueblo al cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional, y cuyo fin es la efectiva conservación y protección de ese ecosistema estratégico, uno de nuestros equipos evidenció la lamentable situación en la que se encuentra el Atrato”, manifestó.

En torno al hallazgo, el funcionario aseguró: “En articulación con las demás entidades del orden nacional y los entes territoriales, implemente acciones contundentes que atiendan el cumplimiento de la sentencia proferida hace ocho años, la T-622 de 2016, de la cual a la fecha no se evidencia ningún tipo de avance que aporte a la efectiva conservación de tan importante y extensa área, ambientalmente estratégica para Colombia, que está siendo devastada por la minería ilegal”.

Además, afirmó que tienen como propósito misional lograr que los gobiernos territoriales ejecuten con éxito los procesos de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial.

“Este es el momento propicio para que los mandatarios locales diseñen las estrategias para lograr el efectivo cumplimiento de la mencionada sentencia y así garantizar los derechos de la cuenca del río Atrato”, indicó.

Con el propósito de garantizar el derecho a un ambiente sano a todas las comunidades que dependen del afluente, el tercero más importante y navegable del país después de los ríos Magdalena y Cauca, desde la Defensoría se insiste en la necesidad del trabajo articulado entre los diferentes ministerios y entidades que tienen como deber constitucional la descontaminación y restauración de ese ecosistema, así como la erradicación definitiva de actividades ilegales, tales como el indebido uso de mercurio, las cuales deterioran día a día la salud de quienes habitan esa región del occidente de la geografía colombiana.