AYER EN el marco del Día Internacional de la Persona Migrante, la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) aprobó el Plan de Trabajo de la Red de Movilidad Humana y contra la Trata, cuya coordinación está a cargo de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Una de las recomendaciones para esta hoja de ruta es establecer vías permanentes y accesibles de regularización para la población en situación irregular, en particular para niños y adolescentes no acompañados.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, como coordinadora de la Red de Movilidad Humana y contra la Trata, dijo que “establecer vías permanentes y accesibles de regularización para la población migrante en situación irregular, además de fortalecer el registro e intercambio de información, en particular para niñas, niños y adolescentes no acompañados, son algunas de las acciones que recomendamos a los gobiernos de turno”.

Añadió que los migrantes deben tener un trato digno, sin importar su estatus migratorio, con enfoques diferenciales de género, edad, etnia y discapacidad.

Otras recomendaciones para atender la situación del migrante en Iberoamérica es mejorar el registro de la población transcontinental, del Caribe y terceros países que cruzan el Darién. También abordar las causas estructurales de la migración forzada, como la discriminación y la violencia en las naciones de origen de quienes migran.

Así mismo, combatir la xenofobia, discriminación y aporofobia, promoviendo la inclusión social; gestionar la participación de refugiados y migrantes en la formulación e implementación de políticas públicas; y crear protocolos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en tránsito fronterizo, y garantizar la entrega digna de los cuerpos cuando haya lugar a ello.

Según Migración Colombia, unas 382.000 personas cruzaron la selva del Darién entre enero y noviembre del 2024. Sin embargo, de acuerdo con cifras de Migración Panamá, se ha tenido una reducción del 41% con respecto al año pasado. En ese lugar, zona fronteriza con Panamá, el 19,5% de las personas en tránsito son niñas, niños y adolescentes y el 30,8%, mujeres adultas. Entre los principales riesgos que enfrentan están la violencia sexual, trata de personas, reclutamiento forzado, enfermedades e incluso la muerte.

“Por eso es propicio articular acciones que garanticen entornos seguros y favorables para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres migrantes. Trabajar en la implementación de medidas de protección para población LGBTIQ+ y mujeres con enfoques de edad, género, etnia y discapacidad también se hace necesario”, llamó la defensora del Pueblo de Colombia.