El Estado debe garantizar participación en elecciones en zonas donde persiste la violencia, sostuvo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Respondiendo a denuncias de amenazas contra representantes de organizaciones indígenas y afrodescendientes, líderes y lideresas sociales y personas que hacen parte de la guardia Indígena, de cara a las elecciones presidenciales de mañana, Guevara declaró que “las autoridades colombianas deben investigar de manera urgente los reportes de amenazas por parte de las Farc, el Eln y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, como también es conocido el Clan del Golfo.

Para Guevara, “el Estado debe garantizar la participación en las elecciones en zonas donde el conflicto armado no da tregua, como Cauca, Nariño, Chocó y Valle. La protección de comunidades en situación de vulnerabilidad y de liderazgos étnicos y comunitarios en estos territorios debe ser prioridad en la jornada del domingo”.

Homicidios

Guevara ya había hecho un llamado, 15 días atrás, para que las autoridades tomen medidas urgentes para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos y emprender una investigación expedita, exhaustiva y efectiva sobre los recientes homicidios de líderes comunitarios.

En particular, Guevara se refirió entonces a la muerte violenta de quienes se oponían al proyecto de Hidroituango.

“Las autoridades colombianas deben tomar de inmediato medidas efectivas para poner fin a la oleada incesante de amenazas y ataques, que se ha cobrado la vida de más de 170 defensores y defensoras de los derechos humanos desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016”, señaló Guevara.

“Quienes arriesgan la vida para defender el medio ambiente, el territorio y el acceso a la tierra tienen especial necesidad de protección. No puede permitirse que estos devastadores esfuerzos por silenciar a personas valientes que salen en defensa de sus comunidades continúen”, anotó.

El 8 de mayo, atacantes no identificados mataron a Luis Alberto Torres y a su hermano Duvián Andrés Correa cuando trabajaban en el campo, en la zona conocida como El Pescadero. Torres era un activo líder comunitario y miembro de la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia. Seis días después, unos atacantes no identificados mataron a otro líder comunitario, Hugo Albeiro George, en Puerto Valdivia.

Torres y George formaban parte del movimiento Antioquia Ríos Vivos, que se ha opuesto públicamente a la construcción de la presa hidroeléctrica de Hidroituango debido a los daños ambientales que ha causado en la zona. Los dos habían pedido que se indemnizara a las familias locales cuyas tierras y actividades agrícolas se han visto afectadas negativamente por el proyecto.

“Las autoridades deben llevar a cabo con prontitud una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre los homicidios” de George y Torres, “teniendo en cuenta su labor de defensa de los derechos de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Deben aplicar de inmediato medidas efectivas para abordar las causas estructurales que subyacen a las amenazas, homicidios y ataques a que se enfrentan líderes comunitarios que se oponen a este proyecto”, manifestó Guevara.

Violencia creciente

“El gobierno colombiano no puede hacer caso omiso de la terrible y creciente ola de asesinatos y amenazas en contra de quienes defienden los derechos humanos y sus comunidades. La ausencia del Estado y su debilidad para garantizar los derechos humanos ha creado el ambiente propicio para que se ataquen los liderazgos comunitarios con impunidad,” dijo Guevara en abril.

“Esta violencia lesiona profundamente el tejido social necesario para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz. El Estado debe asumir inmediatamente su responsabilidad de garantizar la vida e integridad de las personas defensoras, particularmente las que defienden a la tierra, el territorio, el medio ambiente y aquellas que ejercen un liderazgo social en comunidades que enfrentan aun los estragos del conflicto armado”.

Según cifras oficiales del Estado colombiano, 148 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas entre el 1 de enero de 2017 y el 27 de febrero de 2018.

“Ante el violento panorama de asesinatos, amenazas y hostigamiento, es profundamente alarmante que la respuesta de altas instancias del Estado colombiano se limite a negar que las personas son asesinadas en razón de su liderazgo y labor de defensa de los derechos humanos”, expresó Guevara.

El gobierno debe reconocer que en el país, históricamente, se han presentado dinámicas de violencia contra quienes defienden el interés público y los derechos humanos, y desde allí se podrá fortalecer el sistema de respuesta ante estos crímenes y mecanismos de protección integral y prevención.

Los liderazgos comunales, campesinos, de víctimas y de aquellas personas que defienden el territorio y los recursos naturales, y las que defienden la implementación territorial del Acuerdo de Paz y los procesos de restitución de tierras, deben contar con plenas garantías y ser una prioridad para el gobierno colombiano, si se quiere alcanzar una paz sostenible y duradera.