Durante una audiencia pública en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), representantes de organizaciones y familiares de víctimas de desaparición forzada exigieron la apertura de un macrocaso para abordar este delito de manera integral. La solicitud, liderada por Yanette Bautista de la Fundación Nydia Erika Bautista, busca resalta la urgencia de reconocer y esclarecer la verdad detrás de estas tragedias que han marcado la historia colombiana.

Desde distintas regiones del país, organizaciones como Madres por la Vida, Mujer Sigue mis Pasos y Madres de Meta se unieron en este llamado que busca poner fin a la impunidad que rodea a la desaparición forzada. Según Bautista, el índice de impunidad en estos casos supera el 95%, revelando una dolorosa realidad donde la justicia y la reparación han sido esquivas para las víctimas y sus familias. Anualmente se reportan entre 100 y 300 casos de desapariciones, pero la falta de un registro nacional completo deja a muchas víctimas invisibles ante la ley y la sociedad.

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"La desaparición forzada conserva una altísima tasa de impunidad, es urgente que la JEP asuma este desafío y brinde respuestas contundentes", enfatizó Bautista durante la audiencia. Además, resaltó la falta de reconocimiento oficial de muchas víctimas, señalando que el registro nacional de desaparecidos presenta un subregistro significativo debido a la falta de inclusión de casos sin sentencia.

Uno de los puntos críticos expuestos fue la disparidad en el tratamiento de las víctimas de desaparición forzada en comparación con otras víctimas de violaciones a los derechos humanos. "La actual priorización no refleja la gravedad de estos crímenes", advirtió Bautista, instando a la JEP a reconsiderar sus enfoques y garantizar una justicia equitativa para todas las víctimas del conflicto armado.

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, reconoció la necesidad de abordar estas demandas de manera integral y trabajar en colaboración con las víctimas y las instituciones del Estado. "Queremos una respuesta integral que honre la memoria de las víctimas y garantice la verdad y la reparación", afirmó el magistrado.

La audiencia concluyó con la emisión de algunas órdenes por parte de los magistrados, pero las expectativas y la presión sobre la JEP para actuar con celeridad y contundencia en este asunto continúan en aumento. La sociedad civil y los familiares de las víctimas esperan respuestas concretas y acciones que pongan fin a décadas de sufrimiento y silencio.