Un llamado al presidente electo Iván Duque a garantizar el financiamiento y la operación eficiente del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hizo el procurador general Fernando Carrillo.

El jefe del Ministerio Público también urgió la puesta en marcha de las reformas de fondo que se requieran para la prestación del servicio a cerca de 5 millones de niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

Carrillo hizo énfasis en la “necesidad urgente e inaplazable de enfrentar las complejas dificultades del programa”, especialmente en la falta de una adecuada financiación que logre el funcionamiento eficaz, oportuno y de calidad, que cierre las puertas a la corrupción y a todas las prácticas que atenten contra los recursos destinados al programa.

“En sus funciones preventiva y disciplinaria, la entidad ha podido establecer los principales problemas del PAE, resaltándose como primera preocupación, el no acceso al servicio y la deficiente calidad de los alimentos a los niños. En algunas regiones del país, aún no se ha implementado en el presente año el programa, y constantemente, se suspende su provisión, o se atiende solo parcialmente a los estudiantes”.

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Municipios en riesgo

El procurador Carrillo advirtió que, además de los cerca de 200 procesos disciplinarios que se adelantan por irregularidades en el PAE, el Ministerio Público ha establecido que algunas entidades territoriales están en riesgo de no lograr la prestación del servicio por no disponer de los recursos suficientes: “Los casos más preocupantes corresponden a los municipios de Cúcuta y Soacha, que han tenido un aumento significativo en sus matrículas durante el último año, en razón a la llegada de estudiantes provenientes de Venezuela, afectados por la situación humanitaria que atraviesa el vecino país”.

Carrillo explicó que Cúcuta, que atiende a 58.000 beneficiarios, entre los que se cuentan cerca de 6.000 nuevos estudiantes provenientes de Venezuela, solo cuenta con contrato para el operador del programa hasta agosto y requiere cerca de 9.000 millones de pesos para lograr finalizar el año sin suspender el servicio.

Frente a la situación de Soacha, Carrillo sostuvo que esta administración apenas podrá mantener el programa de alimentación escolar hasta hoy, por lo que requiere cerca de 5.000 millones de pesos para garantizar su actual cobertura, que en 2018 aumentó en 1.000 nuevos beneficiaros provenientes del vecino país.

“En situación similar se encuentran los departamentos de Guaviare y Vichada, que en abril ya suspendieron el programa y, de no disponer de los recursos suficientes, tendrán que interrumpirlo nuevamente antes de que termine el calendario escolar, afectando a 27.000 estudiantes”, expresó.

Carrillo agregó que la situación de Chocó (105.000 beneficiarios) y Antioquia (204.000 beneficiarios) también genera preocupación, porque “a la fecha no se tiene claro cómo se financiará el PAE en los últimos meses del año”.

Lo anterior, se suma al difícil escenario que presenta el Distrito de Cartagena y el municipio de Montería con 89.000 y 30.000 beneficiarios priorizados respectivamente. En estas entidades territoriales, a pesar de contar con los recursos suficientes, no han concretado la contratación del operador, y en consecuencia, a la fecha no han prestado el servicio de alimentación escolar ni un solo día del presente año.

“Los recursos con los que efectivamente cuentan las entidades territoriales resultan insuficientes, sumado a la falta de planeación y consideración sobre los costos reales del programa y las dificultades en materia de arquitectura y flujo financiero, lo que deriva en una prestación del servicio, con los peligros para la salud de los estudiantes beneficiarios por los incumplimientos de los requerimientos sanitarios y de calidad de las raciones que se ofrecen”, expresó Carrillo.