74%  de encuestados considera que ciudadanía puede hacer diferencia en lucha contra este flagelo

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El 59% de los colombianos consultados considera que las acciones del Gobierno en la lucha contra la corrupción no son las más acertadas. Así lo señala  Transparencia Internacional, la cual publicó los resultados para América Latina y el Caribe del Barómetro Global de Corrupción 2016, encuesta de opinión pública realizada a la ciudadanía en 20 países de la región sobre percepciones y experiencias ante este flagelo.

El año pasado la Contraloría General de la República reveló sobrecostos por más de 4 mil millones de dólares en la modernización de la refinería de Cartagena, que lo convierte en uno de los hechos de corrupción más graves en la historia del país.

Este hecho explicaría en alguna medida por qué el 59% de los encuestados por el Barómetro Global 2016 piensa que las acciones del Gobierno en la lucha contra la corrupción no son las más acertadas. En América Latina esa cifra es del 53%.

“Este escenario, compartido por los países de la región, está asociado a las investigaciones periodísticas que han desenmascarado la corrupción; a las investigaciones judiciales que han llevado a que, incluso, presidentes de la República hayan sido vinculados formalmente a las investigaciones; y a un mayor reconocimiento de este mal como un problema de las autoridades públicas”, indicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional en el país.

Frente al panorama de corrupción, el 61% de los encuestados por el Barómetro 2016 consideró que ésta ha aumentado. En el año 2010 este porcentaje correspondía al 28% de los encuestados y en el año 2013 al 56%.

No obstante al respecto,  Andrés Hernández destacó que  “el resultado más importante de esta encuesta es que el 74%  de las personas consideraron que la ciudadanía sí puede hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción en nuestro país”.

Sobre el particular el Barómetro Global de Corrupción 2016 encontró que  el 65% de los encuestados respaldó la afirmación que indica que en Colombia es aceptable denunciar un hecho de corrupción, y el 74% señaló que si fueran testigos de un hecho de corrupción se sentirían obligados a denunciarlo.

“Estos datos, que son muy valiosos en medio del desencanto y la desesperanza frente a los hechos de corrupción conocidos en el sector público, en la justicia y en el sector privado, nos indican que debemos elevar los niveles de sanción social y política a la corrupción”, indicó Hernández.

Consideró que para esto se requieren mecanismos más claros para la denuncia y una protección más efectiva para quien se atreva a hacerlo. Lo anterior teniendo en cuenta que solo el 64% de los encuestados estaría dispuesto a pasar un día presentando los hechos ante un tribunal.

Sobornos

El Barómetro también indagó sobre el pago de sobornos en el acceso a servicios proporcionados por instituciones públicas. Se identificó que, en Colombia, el 20% de las personas que han acudido a hospitales públicos han tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hacer algún favor para obtener un servicio; el 20% lo ha hecho cuando se trata de la Policía y otro 20% cuando se relaciona con escuelas públicas. En un menor porcentaje se identificó el pago de sobornos en la obtención de documentos de identidad, en el acceso a servicios públicos domiciliarios y en trámites ante tribunales de justicia. 

Entidades

El Barómetro 2016 registró que en el ‘top’ de las entidades más afectadas por la corrupción están: los Congresistas, en el primer lugar, con el 54%; seguidos por el Presidente de la República y sus ministros, con el 48%; los concejales, 46%; y la Policía, 41%. El 37% de las personas encuestadas consideraron que los jueces y magistrados también se encuentran afectados por la corrupción. 

“Hoy sabemos que las redes de corrupción han logrado afectar instituciones fundamentales de nuestras democracias. Las respuestas no pueden limitarse a anunciar pactos simbólicos, reformas o medidas legales; es necesario que las instituciones tomen acciones urgentes de rendición de cuentas, mientras los procesos judiciales y los cambios normativos avanzan”, señaló el director ejecutivo de Transparencia por Colombia.