La Personería de Bogotá encontró que las inspecciones de la Policía de la ciudad tienen más de 116.000 expedientes sin resolver, generando un represamiento administrativo que no permite la implementación adecuada del Código de Policía y Convivencia, ni cumplir con su función de resolver los conflictos entre vecinos que ocurren en la Capital.

Esta saturación administrativa es producto de la falta de personal y de recursos  para cubrir la alta demanda de procesos.

Al mes de junio laboraban 61 inspectores de policía para cubrir los requerimientos de la ciudad, lo que representa el 76%, contrario a los 80 que debían operar permanentemente, según el Decreto Distrital 606 de 2017.

Cada inspector tiene en promedio entre 780 y 3.000 procesos por resolver, cifra que se hace de difícil manejo y va en contravía de los principios de celeridad y eficacia.

El Ministerio Público Distrital halló que los inspectores de las 18 localidades, excepto Sumapaz y Candelaria, tenían asignados 60.312 comparendos para resolver.

Adicionalmente, tienen 56.597 procesos de asuntos que ya tramitaban y otros que les fueron asignados en virtud del Código de Policía y Convivencia. Ahora las inspecciones manejan querellas por infracción al régimen urbanístico (construir sin licencia o por fuera de ella) y establecimientos de comercio.

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El reparto

De igual manera, constató que no todas las Alcaldías locales realizan el reparto oportuno de los comparendos hacia las Inspecciones de Policía. Solo en la localidad de Bosa, en los primeros seis meses del año, existen 3.000 de ellos radicados sin direccionar.

Además, se pudo evidenciar la existencia de fallas en la plataforma tecnológica “Si Actúa II”, los inadecuados espacios físicos y tecnológicos para el desarrollo de audiencias públicas, instalaciones inapropiadas, y la falta de recurso humano que se traduce en exceso de carga laboral.

Se detectaron falencias por parte de la Policía al no orientar al ciudadano infractor acerca de la posibilidad de interponer los recursos de ley y los términos que tienen para presentarlos, así como inconsistencias en el procedimiento que dejan muchas veces al infractor sin posibilidad de defensa.

Ante la falta de un criterio unificado sobre el procedimiento y el modo de notificación de los comparendos, la persona infractora no puede conocer desde el momento que empieza a regir la multa, aumentando día a día, lo que estaría afectando el patrimonio de esa persona.

La situación se agrava al conocerse que las audiencias públicas donde las inspecciones de policía citan al presunto infractor, están siendo programadas de tres a 12 meses por el represamiento administrativo, lo cual va en contravía de los cinco días siguientes a la medida, que establece el Código de Policía y Convivencia.

Recomendaciones

La Personería hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura a tomar acciones urgentes para evitar que se deniegue el derecho a la justicia de los presuntos infractores, tras la desmedida saturación administrativa de las Inspecciones de Policía.

Así mismo, sugiere la unificación de lineamientos administrativos, en la asignación, notificación y toma de decisiones sobre los comparendos, donde se involucre a la ciudadanía, uniformados de la policía, alcaldías locales e inspecciones de policías.