Poner a Colombia al día con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con las prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son las claves del Plan de Desarrollo del cuatrienio liderado por el presidente Iván Duque.
Así quedó claro tras la presentación realizada por Diego Dorado, subdirector general territorial del Departamento Nacional de Planeración (DNP), sobre las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
En la presentación, Dorado explica que la base del Plan es la ecuación básica del gobierno Duque: legalidad + emprendimiento = equidad. A esa ecuación se introducirían los índices de los ODS y la OCDE.
ODS y OCDE
Sobre los ODS, la presentación de Dorado precisa que “nuestro Plan de Desarrollo incorporará y planteará estrategias con estos 17 objetivos y 169 metas”, anotando que “son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”.
La incorporación de los ODS se hará en cinco esferas: personas, planeta, prosperidad, justicia y alianzas.
A 2030, las metas del Plan con los ODS consisten en que Colombia reducirá la pobreza multidimensional al 8,4%; aumentará la tasa de formalidad laboral a 60%; reducirá el déficit cuantitativo de vivienda para hogares urbanos; tendrá cobertura universal de energía eléctrica; reducirá el coeficiente de Gini a 0,480; y reducirá la tasa de homicidios a 16,4%.
En cuanto a la OCDE, la presentación de Dorado señala que “la consolidación de Colombia como Estado miembro traerá buenas prácticas internacionales en la formulación de políticas públicas”.
Entre las áreas en las que la OCDE aporta elementos valiosos para la estructuración del Plan están la mejora normativa, competencia, y medio ambiente y desarrollo sostenible.
Pero el Plan busca que los ODS y las prácticas de la OCDE se apliquen a las dinámicas regionales más allá de las fronteras político-administrativas, entendidas en un sentido funcional.
En este punto, la presentación plantea dos conceptos: funcionalidad (aprovechamiento de las subregiones funcionales para la productividad) y asociatividad (promover la planeación intermedia para el desarrollo supra municipal).
En este contexto se derivan siete agendas regionales que corresponden en la mayoría de los casos a las RAPE o RAP formadas o en formación: Eje Cafetero y Antioquia (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda), Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca), Central (Bogotá, D.C., Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima), Santanderes (Norte de Santander y Santander), Orinoquia (Arauca, Casanare y Vichada), Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés) y Amazonía (Amazonas, Putumayo, Guainía, Caquetá, Guaviare y Vaupés). Además, habría que incluir a los colombianos residentes en el exterior.
Dorado explica en la presentación que la visión del Plan está basada en la conexión y coordinación intersectorial del Gobierno: el Plan de Desarrollo coordina el sector público y lo conecta con el sector privado y la sociedad civil para implementar políticas pensadas para acelerar el cambio social.
Construcción
La construcción del Plan, que tiene como ejes estratégicos la legalidad y el emprendimiento para lograr la equidad, fue la tarea prioritaria en el primer mes de gestión de la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso.
El trabajo del DNP se ha enfocado en perfilar el Plan de este cuatrienio, que se constituirá en el marco de política para la consolidación de la clase media y el impulso al emprendimiento, en la mejora de la eficiencia de intervenciones estatales y proyectos de inversión pública, y en la planificación de políticas de impulso a la productividad.
Este documento, que marcará la hoja de ruta para lograr una política pública más moderna y eficiente, se nutrirá de la diversidad y estará articulada entre las regiones, la academia y el sector privado.
El Plan, cuyo nombre será “Pacto por Colombia”, se convertirá en el primero en el que el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) hará uso de la metodología de orientación a resultados.
Durante el primer mes también se dio la aprobación de 62 proyectos de inversión por 431.000 millones de pesos, de los cuales 419.000 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
En esta misma dirección, se trabajó en las mejoras al SGR a través de la redacción de decretos y artículos en la Ley bienal con cambios procedimentales al ciclo de viabilización, priorización, verificación y aprobación de proyectos de inversión y la regulación de las convocatorias al OCAD paz.
En el primer mes de Alonso frente al DNP se publicó el Índice de Desempeño Fiscal de 2017, que mostró que municipios y departamentos del país reportaron el año pasado una mejora de 2% y 0,3%, respectivamente, según la medición elaborada por el DNP.