Julián Caicedo Cano, compañero sentimental del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se encuentra bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación por la firma simultánea de contratos con dos entidades estatales. Las acusaciones apuntan a posibles transgresiones al régimen de inhabilidades, generando preocupación sobre la conducta ética en el ámbito público.
La investigación se centra en el nombramiento de Caicedo Cano como asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín. Según la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, se detectaron dos presuntas irregularidades en su actuación.
El ente de control advierte sobre una "posible transgresión al régimen de inhabilidades" al ejecutar parcialmente el contrato con la institución educativa. Además, la Procuraduría resalta la gravedad de la situación al señalar que Caicedo Cano habría incurrido en estas acciones a pesar de estar impedido para realizar contratos con el Estado.
En otra instancia, la Procuraduría ordenó abrir la investigación tras revelarse contratos catalogados como "jugosos" que Caicedo Cano habría suscrito con el Estado. En particular, su rol como asesor en el Invías y la firma de un contrato en la Universidad Pascual Bravo generaron inquietudes sobre posibles violaciones al régimen de inhabilidades. Los honorarios mensuales de aproximadamente $6,9 millones y la denuncia de la universidad como instrumento para tercerizar contrataciones añaden complejidad al caso.
El escándalo se intensifica con el descubrimiento de un aparente desinterés en las funciones asignadas a Caicedo Cano, quien, según reportes, no cumpliría adecuadamente sus responsabilidades como asesor, evidenciado por fotos de múltiples viajes nacionales e internacionales compartidas en sus redes sociales. La Procuraduría enfoca la indagación en el "presunto incumplimiento de las funciones misionales" asignadas al asesor, agravando la situación y cuestionando la integridad del proceso de contratación estatal.