Por posibles delitos ambientales, Red de Veedurías denunció a Urbaser | El Nuevo Siglo
Según la Red de Veedurías, las operaciones de la empresa afectó no solo el medio ambiente, sino también el derecho fundamental a la salud y la vida de los ciudadanos. Foto: Urbaser Duitama
Miércoles, 22 de Enero de 2025
Redacción Web

La Red de Veedurías de Colombia presentó una denuncia penal contra Urbaser S.A. E.S.P., la empresa de aseo que fue señalada como la "más contaminante en el país".

 

La denuncia se basa en delitos ambientales, incluyendo la contaminación y el daño al medio ambiente, así como fraude procesal y a resoluciones judiciales. Los responsables mencionados son Pablo Felipe Arango, actual gerente general, y Humberto Rodríguez Cobo, su predecesor, quienes están acusados de ser civilmente responsables por las operaciones de la empresa en al menos seis ciudades: Montería, Caucasia, Tunja, Popayán, Armenia y Soacha.

La denuncia resalta los graves daños causados por Urbaser en el manejo de residuos sólidos en rellenos sanitarios. Según la Red de Veedurías, las operaciones de la empresa afectó no solo el medio ambiente, sino también el derecho fundamental a la salud y la vida de los ciudadanos. Las autoridades judiciales y ambientales han documentado múltiples irregularidades, incluyendo el manejo inadecuado de lixiviados que contaminan cuencas hídricas y afectado zonas agrícolas y ganaderas.

Las investigaciones han demostrado que las decisiones tomadas por tribunales administrativos y otras entidades reguladoras  fueron sistemáticamente ignoradas por Urbaser. Esto lleva a un deterioro significativo del entorno natural en regiones vulnerables, como Córdoba, donde comunidades indígenas y poblaciones rurales sufren las consecuencias de esta contaminación. 

La Red de Veedurías hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que priorice esta investigación y tome medidas contra los responsables. En caso de que no se actúe, la organización ha amenazado con solicitar medidas de aseguramiento directamente en representación de las comunidades afectadas.

La entidad enfatizó que es fundamental garantizar que las empresas cumplan con sus obligaciones legales y ambientales para proteger los derechos de los ciudadanos y el medio ambiente