El miércoles pasado, la alcaldesa Claudia López indicó que en Bogotá se instauraría un comando conjunto entre Policía, Fiscalía y Migración Colombia que haría patrullaje para que las autoridades puedan identificar a organizaciones criminales.
La principal justificación de esta medida es que cuando se procede a la captura de un migrante no hay información de quién es, lo que conlleva a que, una vez es presentado al fiscal o al juez, esa persona termina quedando libre por simple falta de identificación, generando impunidad y mayor inseguridad.
“Todo lo que le pedimos a Migración Colombia era que patrullara en conjunto con la Policía, para que cuando nos encontramos a esa gente, ellos que son la autoridad migratoria puedan hacer la identificación forzosa en el sitio, y con esa identificación podamos tener el nombre, la identidad, el delito que cometió y la prueba para presentárselo al fiscal y al juez y que no haya impunidad. Una persona que entra de manera ilegal no va a ir a la oficina de Migración a presentarse. Si no vamos a las calles y hacemos identificación forzosa va a seguir habiendo violencia e impunidad”, argumentó la mandataria poco después de que Migración Colombia revirtiera su posición a este respecto.
Esta propuesta, aún después de que fuera desautorizada por el Gobierno, fue sustentada por un par de cifras clave brindadas por el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández, y que deben tenerse en el radar para poner en perspectiva este debate.
“Una cifra general: en lo que va corrido del año cerca de 2.500 ciudadanos extranjeros han sido capturados por su participación en hechos como homicidios, hurtos y tráfico de estupefacientes. Hemos encontrado algunas bandas conformadas por ciudadanos extranjeros, otras integradas por ciudadanos colombianos y venezolanos. Esto es más o menos el 8% del total de los capturados en términos de delincuencia en general. Esto no es estigmatización: es para que tengan una dimensión de lo que estamos enfrentando”, indicó el viernes el secretario.
Aunque la alcaldesa López fue cuidadosa al aclarar que efectivamente el delito no tiene nada que ver con la nacionalidad, un alud de críticas le llovieron. El Gobierno la desautorizó, primero en boca del director de Migración Colombia y luego por parte del mismo presidente Iván Duque, quien dijo que era “impreciso llamar a ciertas formas de delincuencia 'delincuencia migrante”.
La CIDH puso el grito en el cielo. Su gran aliado político, el precandidato presidencial Sergio Fajardo dijo estar en desacuerdo con su propuesta y le pidió que la reconsiderara, y ni qué decir de figuras políticas más alejadas de su esfera de acción como Gustavo Petro.
La reacción en el Concejo
EL NUEVO SIGLO quiso conocer la lectura que dan a esta situación varios concejales que están parados en orillas ideológicas diametralmente opuestas. Un común denominador se materializó: el primero de ellos, que no se puede desconocer la realidad de que hay migrantes que están incurriendo en actos delincuenciales y su identificación es imperativa, pero no así.
De hecho, todos los consultados coincidieron en que hablar de un comando que se enfoque en la identificación y captura de migrantes, así sean delincuentes, refuerza los sentimientos xenófobos contra la población venezolana.
Así, la gran crítica entonces ha sido que la administración lo que debería hacer es asumir un discurso que modere dichos sentimientos, y por el contrario estas son propuestas que atizan un sentimiento antivenezolano que está tomando fuerza en Bogotá. Algunos, hay que referirlo, dijeron que este fue un oportunismo político por parte de la mandataria.
Un cálculo político
“Lo que molesta es que cada vez que ella está cayendo en los sondeos de popularidad, ella agita la odiosa bandera de la xenofobia. Esta no es la primera vez que lo hace y ya se siente como un patrón. Ha habido tres eventos similares en donde la Alcaldesa comienza a caer en los grupos focales que hace todo el tiempo, comienza a complicarse la situación de inseguridad, e inmediatamente ella busca un chivo expiatorio: la población migrante venezolana”, comenzó por referir el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero.
Indicó, además, que tiene que haber un trabajo concertado entre la Alcaldía y entidades como Migración para que se tomen las medidas correspondientes, y en efecto se blinde de alguna manera la judicialización y se evite la impunidad. “No creo que plantear la estrategia de un comando exclusivo que se dedique a perseguir población venezolana sea la señal que se necesita. Hay venezolanos que están delinquiendo, eso no se puede desconocer pero la Alcaldía debe combatir la criminalidad, toda la criminalidad”, finalizó diciendo.
Esta sistematicidad en las declaraciones también fue resaltada por el concejal del Polo, Carlos Carrillo, quien coincidió en que, si bien no se puede desconocer que hay migrantes que están cometiendo actos delincuenciales, un comando es un planteamiento que atiza el sentimiento de odio ya existente contra los venezolanos.
“Ella está haciendo demagogia. Ella sabe que en la ciudad hay un sentimiento de antivenezolanos. Lo sabe porque lo tiene medido. Tiene todo medido. Y en lugar de cumplir con su obligación de mantener la convivencia de quienes viven en la ciudad, lo que está haciendo es atizar esos odios. Pensar en hacer un bloque de búsqueda de extranjeros, eso promueve la xenofobia y debe condenarse por todos los sectores políticos y esto va más allá de las diferencias ideológicas que uno tenga con la alcaldesa" señaló Carrillo.
Agregó que la regularización de migrantes es necesaria, “es lo único bueno que ha hecho este Gobierno y ya está avanzando en su identificación, también para facilitar la judicialización de quienes cometen actos delictivos".
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En esto coincidió la cabildante de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, quien dijo que ante la incapacidad de la Alcaldesa para atender los temas de seguridad, lo que la Alcaldía está haciendo es estigmatizar, pues “las encuestas seguramente le están diciendo que hable y actúe en contra de los venezolanos pero no; hay que concentrarse en legalizarlos, en que entren a aportar a salud, pensión y hagan parte del aparato productivo”.
“Los delincuentes colombianos o venezolanos, habrá que procesarlos, capturarlos e incluso deportarlos pero las acciones que propuso la Alcaldesa en una actitud desesperada por la inseguridad no son conducentes. Ponerle una lápida a cada uno de los venezolanos es errado. El tema de la delincuencia no tiene nacionalidad. Los venezolanos vienen huyendo de una dictadura, del hambre. Hacer un comando para perseguirlos es claramente una actitud xenófoba que va en contravía de los derechos humanos" dijo.
Gerencia para migrantes
El concejal de Partido Conservador, Nelson Cubides también coincidió en que la criminalidad, toda la criminalidad, debe atacarse de manera contundente pero sin estigmatización y xenofobia.
“Por eso considero que antes de crear un comando como el que la Alcaldía pretende crear, deberíamos tener una gerencia para la migración que permita articular e identificar a la población extranjera. Sí hay que identificarla, saber dónde están, dónde viven. Se estima que entre el 13 y el 15% de los capturados son extranjeros y eso implica el mismo rigor de la ley que se le aplique a un ciudadano extranjero pero no así”, indicó Cubides a este Medio.
A manera conclusiva “la Alcaldesa cometió un error desde el punto de vista semántico al haber hecho ese anuncio. Crear un cuerpo especializado contra el crimen de los migrantes suena mal, con un sesgo xenófobo que no debe permitirse un mandatario mayor como la Alcaldesa. Pero sí hay delincuentes extranjeros, tenemos que documentarlos, conocerlos y debe haber una inteligencia en torno a esa población migrante que está cometiendo acciones delincuenciales”, precisó a este Diario, por su parte, el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas.
Venezolanos en la capital
Colombia, y por consiguiente Bogotá, nunca fueron regiones de tradición migrante como Estados Unidos y Argentina, que se fundaron bajo el precepto de puertas abiertas. Aún así, desde el 2016-2017 este fue un reto que la crisis venezolana de alguna manera le impuso a nuestro país, y desde entonces el incremento en el número de migrantes, en su mayoría venezolanos, se ha posicionado como un tema clave en la agenda política nacional y consecuentemente con eso, también de la agenda distrital.
El 20% de los migrantes venezolanos que hay en el país están asentados en la ciudad capital, alrededor de 340.711 y de los cuales el 56% son indocumentados o tienen un estatus migratorio irregular. El 75% de los mismos tienen vocación de permanencia y uno de cada 10 hogares pobres tiene personas migrantes.
Para atender a esta población el Distrito tiene recursos estimados por $2.167 millones, y en el cuatrienio se estiman invertir $9.488 millones para dar respuesta desde la rectoría de la política social, a la integración social y económica de personas provenientes de flujos migratorios mixtos en Bogotá.