Acabar con la detención domiciliaria en casos de corrupción es lo que pretende el Estatuto Anticorrupción que cursa en el Congreso, iniciativa radicada el 20 de julio del año pasado por el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

El proyecto número 05 de 2017 Cámara, “por medio del cual se adoptan medidas en materia penal en contra de la corrupción”, fue aprobado esta semana por la Comisión Primera de la Cámara con ponencia de los representantes José Edilberto Caicedo (Partido Social de Unidad Nacional, La U), Fernando de la Peña (Opción Ciudadana), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Edward Rodríguez (Centro Democrático), Jorge Enrique Rozo (Cambio Radical) y Heriberto Sanabria (Partido Conservador).

La iniciativa, que pasó a la plenaria de la Cámara para el segundo de los cuatro debates que se deben surtir en el Congreso, establece que cuando se trate de los delitos contra la administración pública no serán aplicables las medidas no privativas de la libertad, la sustitución de la detención preventiva en el lugar de residencia, la aplicación del principio de oportunidad, suspensión condicional de la pena, libertad condicional, rebajas de pena, y en general, ningún otro subrogado o beneficio.

El proyecto de 135 artículos elimina beneficios para los corruptos, crea el muro de la infamia, determina el aumento de penas a quienes se roben dineros de salud y la infancia, establece un mecanismo de veeduría ciudadana, obliga a presentar declaración de renta a todos los funcionarios públicos, entre otras medidas que, según aseguran varios congresistas de la Comisión Primera, abarca los puntos de la Consulta Anticorrupción aprobada en el Senado.

La iniciativa busca reducir los procedimientos y eliminar prebendas en casos contra la corrupción en Colombia.

El fiscal Martínez explicó que el proyecto da más instrumentos para que el Estado colombiano pueda derrotar la corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado.

Agregó que "aquí se están doblando esas penas y se le están dado facultades a la Fiscalía General de la Nación para tener unos instrumentos que hoy no tiene en la lucha contra la corrupción".

"En el caso de la concusión y el cohecho se doblarían las penas, sin perjuicio de que ellos puedan en un momento determinado hacer uso de las aceptaciones de cargo que existen hoy por hoy en el régimen penal vigente", explicó Martínez.

Para el fiscal el tiempo necesario para presentar las pruebas y hacer las diligencias correspondientes es de 3 años. “Casos como el de Pinto son los que envían el mensaje de que corromper paga, pues al pasar este tiempo la defensa pide la libertad del acusado y no se lleva a cabo el juicio de manera debida”.

Martínez dijo que “realmente es una muy buena decisión la que ha tomado la Comisión Primera, porque pone la política criminal del Estado acorde con nuestra realidad”.

El fiscal Martínez señaló que “hemos avanzado mucho contra la corrupción: 2.000 personas judicializadas, evidencia de más de 4 billones de pesos en contratos afectados por corrupción”.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, resaltó que el proyecto tiene buenas medidas en un 96 por ciento, principalmente en casos como la eliminación de la casa por cárcel para corruptos y otros preceptos, sin embargo, sostuvo que existen unos artículos que están en estudio.

"Aquí lo que se va a revisar básicamente con más detenimiento son una serie de facultades draconianas que se le entregan a organismos no judiciales y que los asemejan a una verdadera policía judicial", puntualizó.