Como lo había anticipado el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, previo a los comicios atípicos de alcalde de Cartagena realizados el pasado 6 de mayo, la Procuraduría General presentó este martes una demanda de nulidad electoral ante el Tribunal Administrativo de Bolívar contra la elección de Antonio Quinto Guerra Varela y solicitó medidas cautelares de suspensión provisional de los actos administrativos que lo declararon como mandatario distrital.
El procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, Germán Calderón España, aseguró que entre los argumentos para presentar la acción está la existencia de una inhabilidad por parte de Guerra por la celebración de un contrato de prestación de servicios con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el que tuvo injerencia directa en Bolívar y el Distrito de Cartagena dentro del año anterior a su postulación.
Calderón explicó que el contrato cuestionado por el ente de control consistió en estructurar estrategias y programas, y asesorar sobre planes básicos de agua potable y saneamiento básico a La Heroica y demás municipios del departamento, condición con la que pudo influenciar a la comunidad en su favor.
Además, según el Ministerio Público “está probado que suscribió otrosí contractual (del 30 de octubre de 2017) que no era otra cosa que un contrato adicional por lo cual también se configuró la inhabilidad argumentada en la demanda”.
El órgano de control sustentó su posición en la decisión del Consejo de Estado de 2006 que declaró nula la elección del alcalde de Santa Rosa de Viterbo por la celebración de un contrato adicional de prestación de servicios dentro del año anterior a su elección como mandatario local.
El pasado 2 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la decisión tomada desde el viernes anterior con la que se negó la solicitud de revocatoria de la inscripción de Guerra como candidato a la Alcaldía de Cartagena.
La autoridad respondió a varios recursos por la contraparte, como uno presentado por la Procuraduría General de la Nación, en los que se indicaba que Guerra estaba inhabilitado para ejercer el cargo, por lo que se pedía la anulación de su candidatura.
Los magistrados Felipe García, Alexander Vega, Emiliano Rivera y Gloria Inés Gómez, además de dos conjueces, votaron a favor de mantener la candidatura. En contra estuvieron Bernardo Franco y Héctor Helí Rojas. Para el viceprocurador Juan Carlos Cortés la votación del CNE estuvo viciada.
Por su parte el conjuez del Consejo de Estado, Wilson Toncel, consideró que la interpretación de la Procuraduría es equivocada. ‘’Qué es lo que prohíbe la norma: la celebración del contrato, no su ejecución. El verbo rector es celebrar no ejecutar y no es que yo lo diga, no es mi estudio; el Consejo de Estado y la Corte Constitucional lo registran porque no es el primer caso que se presenta en Colombia’’.
Por su parte, el alcalde Guerra en pleno uso de sus funciones, presentó el pasado lunes al gabinete que lo acompañará en los dieciocho meses de gobierno para los cuales fue elegido y con los cuales cumplirá el periodo del Manolo Duque, quien a mediados del año pasado renunció desde la cárcel en donde se encuentra por las irregularidades que se habrían presentado en la elección de la Contralora distrital.
Guerra, tras ser electo como Alcalde manifestó que, sobre el anuncio de la Procuraduría, demandaría su elección y designaría a un abogado porque “no tiene tiempo para gobernar y defenderse”.
¿Nueva interinidad?
El temor que muchos manifestaron en Cartagena tras la elección de Guerra es que nuevamente la ciudad se quedara sin Alcalde, debido a que según el Ministerio Público, está inhabilitado para ocupar el cargo y advirtiera que demandaría su elección.
Ese temor explicaría en buena medida la abstención arriba del 80% que se presentó en estos comicios atípicos, según algunos analistas. En los últimos siete años la capital de Bolívar ha tenido ocho mandatarios: en 2011 ganó las elecciones el periodista Campo Elías Terán, pero los quebrantos de salud, que al final llevaron a su deceso, y las investigaciones por el desvío de recursos públicos, lo llevaron a renunciar. El Gobierno nacional designó a Bruce MacMaster en calidad de encargado.
El 14 de julio de 2013 ganó las elecciones atípicas el empresario Dionisio Vélez. Aunque logró terminar el periodo para el que había sido elegido Terán, Vélez aún es investigado por millonarias inversiones en obras que nunca fueron entregadas. En octubre de 2015 llegó a la Alcaldía Manuel Duque, quien tras ser suspendido por la Casa de Nariño nombró como encargado a Sergio Londoño.