El Ministerio Público pudo comprobar que Hernández "atentó contra la estabilidad emocional" de un funcionario público

Por dos meses fue suspendido e inhabilitado el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, debido a que trató con irrespeto, sin imparcialidad y falta de rectitud a un funcionario con quien tiene relación en el servicio público, una decisión que será apelada por el burgomaestre. 

El ente de control confirmó que Hernández Suárez acusó sin pruebas a un funcionario de la alcaldía de actos de corrupción y hurto de recursos de la contratación del municipio, ante varios medios de comunicación y la ciudadanía el 17 de abril de 2017, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia del ciudadano y causando daño en la salud del mismo.

La Procuraduría corroboró que el alcalde calumnió al funcionario, por presunta apropiación de dineros de obras que se realizaban en la alcaldía, el 25 de septiembre de 2017, en una actividad con uniformados de tránsito, con lo que vulneró los derechos al debido proceso, y la dignidad humana del subalterno, sin la existencia de una sentencia judicial condenatoria.

"Con su actuación atentó contra la estabilidad emocional del funcionario y la de su familia, lo expuso a amenazas al revelar su número celular ante medios de comunicación y la ciudadanía en una rueda de prensa, e incitó a la población a censurarlo públicamente", explicó la Procuraduría.

Además, el Ministerio Público en fallo de primera instancia calificó la conducta del alcalde Hernández Suárez como faltas graves a título de culpa gravísima, por violación de normas de obligatorio cumplimiento y menoscabo del capital moral de una persona, siendo la máxima autoridad administrativa de la ciudad de Bucaramanga.

Ante dicha determinación, Hernández anunció que, como lo indica la ley, apelará la medida y "mientras surte el proceso de apelación se mantendrá en sus funciones". Adicional a esto, el Alcalde afirma categóricamente que "mantiene" sus acusaciones y "y exhorta a los organismos de control a actuar en defensa del patrimonio público".