En desarrollo de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación, como parte del control de gestión a las entidades públicas y para velar por la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, realiza un estricto seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE)

En este sentido, el Ministerio Público requirió a los 32 gobernadores y a 64 alcaldes de distritos y municipios certificados, un detallado informe respecto de sus obligaciones para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos servidos a los estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, en especial las relacionadas con las condiciones de sanidad y salud pública, de acuerdo con lo señalado en el lineamiento técnico del PAE y la demás normativa que reglamenta la distribución, manipulación y preparación de alimentos.

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En busca de anticiparse a hechos que afecten las garantías del programa, el ente de control solicitó a las entidades territoriales, que reporten las actividades de inspección, vigilancia y control realizadas en lo corrido del año, precisando especialmente las visitas en sitio realizadas por la administración para verificar las condiciones de prestación del servicio de alimentación escolar, los resultados y las medidas adoptadas, en caso de haber evidenciado falencias en la ejecución.

De igual forma, los mandatarios territoriales deberán precisar el cronograma de visitas de verificación que se adelantarán en lo que resta del año 2022, indicando la fecha tentativa de su realización, para coordinar acompañamiento del Ministerio Público en estas diligencias.