El próximo gobierno y el próximo Congreso deberán pensar en reformar la ley de garantías, toda vez que ya no existe la reelección presidencial.

Sobre el particular el senador del Partido Conservador, Eduardo Enríquez, afirmó que “se impone una reforma porque en Colombia hay muchas elecciones, y la ley de garantías se pone en vigencia para todas esas elecciones. Eso para mí significa que paraliza más de un periodo constitucional por las elecciones de alcaldes y gobernadores. Creo que entre otros, el próximo gobierno debe pensar en esos temas, porque más que beneficios genera perjuicios”.

Pero dentro de las opiniones se abrió una posibilidad de revivir la reelección presidencial. Esa alternativa la planteó la senadora Nohora Tovar, del Centro Democrático: “Creería que sí podría haber una reforma a la ley de garantías, pero la reelección presidencial se podría retomar, también se podría hacer, se podría decidir entre el Congreso y las instancias que los deciden”.

Sobre esta posibilidad, el senador Nicolás Fernando Araújo, copartidario de Tovar, aclaró que “eso no está en la agenda, nadie lo ha propuesto, ya dejemos la Constitución como está”.

Honorio Enríquez, también senador uribista, explicó que el ordenamiento que hay hoy no permite dicha posibilidad.

Entre tanto el senador Orlando Castañeda, del Centro Democrático, manifestó que el periodo es de cuatro años y en eso se debe pensar.

La senadora uribista María del Rosario Guerra expresó que ese tema no es prioritario y no se puede distraer con ello: “Lo que se tiene que trabajar es por hacer las cosas bien, no nos distraigamos en ese tipo de proyectos”.

Ley de garantías

El propósito de la ley de garantías es afianzar la neutralidad de los servidores públicos que organizan y supervisan las disputas electorales y que tanto los candidatos como los electores, aprovechen en igualdad de condiciones los recursos ofrecidos por el Estado, de manera que la voluntad popular se exprese sin obstrucciones de ningún tipo y que la decisión del pueblo se vea reflejada en la persona elegida para ocupar el cargo de autoridad que se disputa.

En ese contexto, la ley establece unas restricciones al ejercicio de la función gubernamental como garantía del equilibrio y la transparencia del actuar administrativo en medio del debate electoral, evitando que la nómina estatal o la contratación directa se utilicen como medio en la campaña electoral para

Favorecer a uno o varios candidatos. A continuación, Función Pública, en su rol de autoridad en doctrina jurídica para las entidades y organismos del Estado en los temas de su competencia, presentará las respuestas a las preguntas frecuentes que las entidades, los servidores y los ciudadanos formulan frente a la aplicación de la Ley de Garantías de 2005, con el fin de orientar la adecuada toma de decisiones en el ámbito de la administración pública.      

Se restringe el monto de la publicidad estatal porque durante la campaña presidencial no se podrán aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado ni tampoco la publicidad del Estado se podrá utilizar como propaganda política de los candidatos o partidos políticos o movimientos políticos o sociales. Con respecto a la vinculación a la nómina estatal, se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal.