El Vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, manifestó la preocupación del Gobierno nacional por las recientes muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Dijo que se están desplegando medidas de alto nivel para proteger estas vidas en todo el territorio nacional y señaló que para muchos de ellos, las amenazas son consecuencia del éxito que está teniendo el programa de sustitución de cultivos ilícitos.

“Vamos a afinar la coordinación interinstitucional en el territorio para que de manera permanente, con el ‘Plan Victoria y Consolidación’ y el despliegue de la ‘Operación Orus’, estemos cada vez más cerca de estos líderes”, dijo el Vicepresidente.

Además aseguró que durante la reunión del Gabinete de Posconflicto, se decidió que haya coordinación con la Fiscalía para acelerar el esclarecimiento de estos asesinatos y llevar la justicia a los victimarios. También se iniciará un despliegue de alto nivel en las regiones, en busca de que los líderes reciban acompañamiento directo del Gobierno nacional para proteger sus vidas.

“En los dos últimos meses, como resultado del impacto exitoso que empieza a tener el programa de sustitución de cultivos ilícitos en todo el país, se han incrementado las amenazas. Unas provenientes del Eln, que se opone a la sustitución voluntaria, otras que surgen de las disidencias o de los grupos residuales de las Farc, que también quieren poner obstáculos a la sustitución, y en tercer lugar, de las propias organizaciones narcotraficantes”, dijo Naranjo.

El Vicepresidente explicó que a estas organizaciones les preocupa ver que hoy hay 123 mil acuerdos de sustitución con familias en todo el país, de las cuales 54 mil ya han ingresado al programa. Actualmente este plan cuenta 16 mil hectáreas libres de coca certificadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre tanto el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, cuestionó el fracasó del sistema de protección de líderes sociales y exhortó al Estado a tomar acciones que vayan más allá de la retórica y las buenas intenciones, para detener la masacre de los defensores de derechos humanos, a manos de actores armados indeterminados.

Según cifras de organizaciones de derechos humanos, a la fecha, han sido asesinadas 59 personas en el municipio de Tumaco, Nariño. Entre enero y febrero, según la Presidencia de la República, fueron asesinados once líderes sociales y defensores de derechos humanos en ocho departamentos. La organización Somos Defensores señala 27 víctimas en los primeros tres meses del año y la Defensoría del Pueblo 22 en los primeros 59 días del 2018.

El Jefe del Ministerio Público repudió el asesinato de Silvio Dubán Ortíz Ortíz, de 27 años, y Javier Bernardo Cuero Ortíz, de 32 años, hijos del también asesinado líder social Bernardo Cuero, en hechos ocurridos el pasado lunes 19 de marzo en el barrio Independencia de Tumaco, y advirtió sobre la aplicación de la Directiva 002 del 14 de junio de 2017 a los funcionarios públicos que por acción u omisión hayan incumplido su deber de servir de garantes del derecho a la vida de los líderes sociales.

Anunció, asimismo, que “la Procuraduría Delegada del Ministerio Público para Asuntos Penales constituyó una agencia especial para investigar los asesinatos de los hijos de Bernardo Cuero y su intervención en 40 procesos penales en los que los defensores de derechos humanos sean víctimas o hayan sido judicializados sin justa causa”.

El Procurador criticó fuertemente el modelo de protección individual que adelanta la UNP, y llamó a hacer efectivos los reclamos de las organizaciones por mecanismos de protección colectiva.

“Es inaudito e inadmisible que en una población como Tumaco, que fue militarizada para supuestamente garantizar la seguridad de la comunidad, la muerte de los líderes no se detenga. Exhorto a las autoridades locales y regionales a asumir sus compromisos en la defensa de la vida de los líderes sociales”, puntualizó.