La lucha contra el consumo de la droga fue el tema central de un foro que se llevó a cabo en la Universidad del Rosario.

Leonardo Cabana, director de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada en la Fiscalía, dijo que “hay una preocupación generalizada dentro de la ciudadanía, lo que demuestra la presencia de los alcaldes, y lo que hay que pensar es cómo hacer una política contra los vendedores de droga y la protección de los consumidores”.

Cabana indicó que el objetivo del proyecto no es atacar la dosis personal, sino el exceso de la misma, que es el fundamento que se da en los contextos de estudio.

“La justificación es que esa droga que poseen es de aprovechamiento y que además, contrario a lo que se ha planteado, la información que se ha hecho con relación al consumo de la marihuana ha aumentado en un 40 por ciento y la cocaína en un 7 por ciento”, añadió.

Expresó que esa fue una de las motivaciones para presentar el proyecto por parte de la Fiscalía.

En el Congreso, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, señaló que lo que se tiene es que buscar un acuerdo de toda la sociedad en relación con la protección del consumo de la dosis mínima y de uso medicinal.

“La contradicción radica en que penalizamos todo tipo de comercialización, no tenemos resuelto un canal legal de aprovisionamiento de esas personas que hacen uso recreativo o medicinal de esas sustancias”, manifestó Sanguino, anotando que la propuesta de la Fiscalía se pone en la perspectiva contraria, que “seguramente es un poco más benigno con el consumidor en relación con aceptarle una dosis mayor con la que la Ley 30 prevé como porcentaje de su consumo personal, pero no está resuelto el problema del aprovisionamiento”.

Para el congresista verde, las políticas de salud tienen que avanzar no solo respecto a la prevención frente a la adicción a las drogas, sino atendiendo en general la situación como un problema de salud.

“Me parece que hay que situarse en una perspectiva de reconocer el fracaso del paradigma de prohibición de las drogas”, precisó.

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Por su parte, el senador Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), expresó que “las políticas encaminadas a reducir la producción son mucho más costosas que aquellas encaminadas a bloquear y estropear el tráfico de drogas mediante el bloqueo de las rutas”.

Según Benedetti, “lo que pasa es que de las más de 50.000 personas en esa situación, a la mitad no les han cumplido. Además, les están radicando los cultivos de manera forzosa y lo ideal es que lo hubieran hecho de manera voluntaria”.

Sobre este tema, el exsenador liberal Juan Manuel Galán consideró que no todas las  sustancias deben ser perseguidas por las autoridades.

“Aquí hay unos estudios donde dicen que las modalidades son experimental, recreativa, habitual, problemático, compulsivo e independiente”, explicó, agregando que cuando el consumo no es problemático el Estado no tiene por qué meterse.

El excongresista sostuvo que en un estudio las personas contestaban que consumían por placer, “el 4 por ciento por socializar, el 2 por ciento por evadir problemas”.

Señaló Galán que lo que vale la pena estudiar es el por qué el placer es el mayor detonante y cómo generar políticas de prevención. Sostuvo que en Colombia no hay profesores formados para prevenir el consumo.