El senador Miguel Uribe ha presentado una acción de tutela en contra de la fiscalía general de la Nación debido a la expedición de la Directriz 001 de 2024, que recoge los principios rectores para la investigación y judicialización de los responsables de delitos que afecten el derecho a la protesta, y de aquellas expresiones violentas que desborden el ámbito de protección de las expresiones sociales.
Para el parlamentario esta es "una normativa que representa una grave vulneración a los derechos fundamentales de los colombianos y que podría llevar al país hacia un preocupante estado de impunidad y caos"
Uribe Turbay denuncia que esta directriz permite que actos delictivos cometidos durante manifestaciones, tales como daños a la propiedad pública y privada, injurias, calumnias y obstrucción de vías, no sean investigados ni judicializados.
En ese sentido, también agrega que "esta disposición implica que delincuentes podrían utilizar la protesta como escudo para cometer crímenes, mientras la Fiscalía renuncia a su deber constitucional de perseguir y judicializar dichos delitos".
He interpuesto una acción de tutela en contra de la @FiscaliaCol por la expedición de la Directriz 001 de 2024, que vulnera los derechos humanos y lleva a Colombia a un camino de impunidad y caos.
— Miguel Uribe (@MiguelUribeT) September 17, 2024
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“Esta directriz, bajo el pretexto de proteger la protesta social pacífica, permite que los delitos cometidos durante las manifestaciones como los daños a la propiedad pública y privada, la obstrucción de vías en incluso las injurias y las calumnias, no sean judicializadas. Eso significa que los delincuentes que se escudan en el derecho a la protesta pueden cometer cualquier crimen. Más grave aún, al emitir la directriz, la fiscal general está suplantando al Congreso, imponiendo nuevas reglas sobre lo que es un delito y lo que no es, invadiendo las funciones que le corresponde al legislador”, aseguró el senador Uribe.
Principales puntos de la acción de tutela:
1. Vulneración del derecho de acceso a la justicia: Esta directriz afecta uno de los principios fundamentales de nuestra democracia, el derecho de acceso a la administración de justicia, al desestimar la persecución de delitos cometidos durante protestas.
2. Renuncia a su mandato constitucional: La fiscalía general, mediante esta directriz, renuncia a su obligación establecida en el artículo 250 de la Constitución, donde se señala su deber de perseguir los delitos. Al no investigar ni sancionar actos tipificados como crímenes, se deja a las víctimas y a todos los ciudadanos sin la protección que la ley les garantiza.
3. Suplantación de las funciones del Congreso: Al emitir esta directriz, la fiscal general se atribuye funciones que corresponden al legislador, estableciendo nuevas reglas sobre qué es delito y qué no lo es. Ningún funcionario, sin importar su poder, tiene la facultad de redefinir el marco penal a su antojo, ni de permitir que ciertos delitos queden impunes.
4. Mensaje peligroso: Con esta directriz, la Fiscalía está enviando un mensaje equivocado: que es posible cometer crímenes durante las protestas y no enfrentar las consecuencias legales. La protesta pacífica es un derecho, pero no debe ser utilizada como una justificación para la comisión de delitos.
Fiscalía defiende la medida
El ente investigador indicó que "se trata de una herramienta para las y los funcionarios de la entidad en la que se precisa el alcance de los derechos y deberes de quienes convocan y participan en la protesta social pacífica, los escenarios y acciones permitidas, las competencias de los funcionarios y la manera de abordar los hechos delictivos cometidos durante las movilizaciones
Asimismo, agregan que en la medida "se ahonda en las conductas delictivas de relevancia en escenarios de protesta tales como la obstrucción de vías, perturbación en servicio de transporte público, colectivos u oficial; violencia contra servidores públicos, daño en bien ajeno y asonada. Así mismo, se precisan las formas de participación en este tipo de conductas punibles y las diferencias entre coautoría y concierto para delinquir".