Pareciera que con los casos de Odebrecht y Reficar hubiera llegado a su límite el asombro de la opinión pública por las maneras que se da la corrupción en Colombia para conseguir sus oscuros objetivos a pesar de las normas y mecanismos que se han implementado para reprimirla.
Sin duda la contratación estatal es el mayor caldo de cultivo. Frente a este tema la consulta anticorrupción pedirá a los ciudadanos en uno de sus siete puntos pronunciarse sobre cárcel a corruptos sin beneficios y prohibirles volver a contratar con el Estado.
La pregunta número dos que aparecerá en el tarjetón de la consulta anticorrupción a realizarse el próximo 26 de agosto indicará ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?
Sobre el particular EL NUEVO SIGLO consultó la opinión de Felipe Hadad, académico y abogado conocedor del tema de la contratación estatal. “La verdad no es una solución, es inocua a la hora del té una pregunta como está formulada en esa consulta porque en la contratación lo que es más relevante a la hora de combatir esa corrupción no es a través de una inhabilidad hacia los contratistas, pues si nos damos cuenta, generalmente los contratistas lo que hacen es cambiar la persona jurídica a través de la cual van a contratar”.
El experto previno que en esas condiciones “lo que vamos a ver es una multiplicación de personas que contratan con el Estado como fachada de aquellas que eventual e hipotéticamente puedan llegar a ser condenadas por delitos de corrupción. Entonces la verdad la eficacia de lo que se pretende no es mayor cosa, ya tenemos ciertas normas que implican una inhabilidad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los delitos de corrupción trasnacional tienen la misma consecuencia, y el efecto que se ha visto en el caso colombiano es prácticamente nulo. Es mejor tenerla que no tenerla pero no es la panacea”.
Añadió el abogado Hadad que en los delitos de peculado la pena accesoria es la inhabilidad para contratar con el Estado, “aquí es hacerlo de manera permanente pero ya existen de manera transitoria disposiciones que generan inhabilidad para contratarlos”.
No obstante insistió en que en la práctica lo que sucede es que estas personas acuden a figuras que les permiten seguir en la contratación. Se inventan cualquier cantidad de figuras para “enervar esa inhabilidad u otra cosa es que lo hacen a través de terceros”.
Hadad concluyó sobre esta disposición que “no tiene un componente como lo hacen aparecer que después de esto no va a haber más corrupción. Eso no es cierto”.
Consideró que la verdadera forma de “combatir la corrupción en la contratación en el Estado en general es a través de los mecanismos de expropiación. El móvil del corrupto es la plata, y que se la quiten desestimula cualquier pretensión de corrupción porque ni siquiera la cárcel”.
Dificultades en la pregunta
La directora de la Agencia Nacional de Contratación Pública y Compra Eficiente del Estado, María Margarita Zuleta, le dijo a este Diario que “la consulta anticorrupción me parece que tiene un poder simbólico muy importante, y es poner a la ciudadanía a opinar sobre tema. No quiero deremitar el esfuerzo y la importancia de que la opinión pública ponga en el centro de su reflexión y que los ciudadanos podamos votar dando un mandato anticorrupción. Eso me parece mucho más importante que las preguntas en sí mismas”.
No obstante, Zuleta consideró que “las preguntas tienen dificultades y la pregunta 2 tiene muchas dificultades porque no distingue los hechos de corrupción frente a los contratos. Ahorita con Odebrecht lo hemos visto muchísimo. Muchas veces necesitamos que acaben la obra, nos paguen una multa grande y después reciban sanciones, pero lo más importante muchas veces es que terminen la obra. Si nos ponemos a decir que inmediatamente tenemos que retirar a la empresa que ha cometido una infracción, muchas veces estamos castigando la eficacia del gasto público y la posibilidad de que recibamos como ciudadanos una obra, un bien o un servicio oportunamente”.
Zuleta recordó que en la actualidad el sector público tiene que revisar cuando hay lugar a suspensión con ocasión de la caducidad, por ejemplo, y cuando hay caducidad “no pueden participar en licitaciones ni contratar con el Estado las empresas. Hay casos en donde ya existe esa sanción”.
Sería peor quitar beneficios
El abogado penalista Hugo Quintero dijo a este Medio que “el gran problema de la corrupción es el dinero, entonces lo que hay que hacer es a la gente quitarle el dinero, lo cual ocurre normalmente porque la gente decide frente a una sentencia prestar alguna colaboración, y entonces la colaboración se refleja entre otras cosas en beneficios carcelarios, beneficios de pena”.
Quintero añadió “si se quita todos los beneficios, lo que está quitando en realidad son los incentivos para que la gente colabore”.
Agregó que “obvio, la gente que hace la propuesta lo hace sobre la base que va a incrementar la capacidad investigativa del Estado, pero esa es una falacia porque eso normalmente no ocurre y es muy difícil descubrirle la palta a los corruptos, a menos que ellos decidan devolverla. Normalmente se esconde en una maraña de empresas”.