El país pudo conocer esta semana quiénes fueron los responsables de la mayor defraudación al Estado Colombiano a través de la construcción de la que es considerada como la más moderna refinería de Suramérica, Reficar.

La actuación de la Contraloría General de la República desde hace más de dos años dio resultados y puso al descubierto una entrama red de corrupción en la adjudicación y ejecución de los contratos.

Lo que empezó como una alerta por las demoras en la entrega de los trabajos, puyes la planta debía entrar en funcionamiento en 2015 y solo lo hizo hasta finales de 2017.

 

Historia de irregularidades

La historia de Reficar se inicia en 2006 cuando la multinacional Suiza Glencore, con el 51% de participación, y Ecopetrol, con el 49%, crearon la sociedad Refinería de Cartagena S.A. con el fin de adelantar el proyecto de modernización y ampliación de la planta existente en esa ciudad.

En mayo de 2009, Ecopetrol se convirtió en la propietaria del 100% de la compañía, al comprar las acciones de Glencore, ante el fracaso de esta en el proceso de ampliación de la refinería.

Durante el 2009 se concluyeron las etapas de ingeniería básica del Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena, se inició la búsqueda de financiación del proyecto y la compra de maquinaria de larga entrega. También continuaron las adecuaciones de los terrenos en los cuales se instalarán las nuevas plantas. La refinería debería ampliar su capacidad hasta 165 mil barriles por día.

Ante esta situación, el Gobierno nacional decidió recibir el proyecto y asignarlo a la estadounidense CB&I. Aunque el objetivo de involucrar a CB&I era recuperar recursos y tiempo perdido por Glencore, se descubrieron millonarios sobrecostos injustificados por parte de CB&I.

Según la Contraloría General de la República en un informe expedido en 2016 se señala que durante las últimas 4 administraciones nacionales el tema de modernización y ampliación de la capacidad de refinación del país ha sido considerada como estrategia prioritaria dentro de la política de garantizar el abastecimiento de combustibles líquidos con destino a los sectores productivos del país, reflejándose un gran retraso en la ejecución de los proyectos, particularmente en el Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena que entra en operación con 3 años de retraso, y el aplazamiento de manera indefinida del Plan de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja debido al estado de flujo de caja actual de Ecopetrol como resultado de la crisis petrolera, que ponen en riesgo el cumplimiento de dicha política, ante el decrecimiento de la producción y la tendencia de crecimiento del consumo de combustibles, principalmente de Diesel, obligando a su importación.

Sobrecostos

Pero el fantasma de la corrupción fue adentrándose en el mega proyecto de refinación de hidrocarburos más ambiciosos de la región.

Para la Contraloría, la ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena, Reficar, a cargo de Ecopetrol, se incrementó en US$4.023 millones, 11 billones 485 mil millones de pesos, ya que aunque estaba inicialmente presupuestada en US$3.777 millones 11 billones 400 mil millones de pesos, costó finalmente US$8.326 millones, es decir $22 billones 800 mil millones.

En suma, se calcula que a precios corrientes las pérdidas acumuladas de Reficar ascienden a 1,69 billones de pesos en el periodo comprendido entre los años 2006 a 2014.

Los costos de inversión variaron principalmente por la actividad de construcción, que representó US$2.328 millones de dólares adicionales, y por los costos del propietario asociados a la contratación y gastos de Reficar y Ecopetrol, que estuvieron US$1.265 millones por encima de lo planeado, según el informe del organismo.

Para la Contraloría, el proyecto de ampliación y modernización de la refinería se apartó sensiblemente de los parámetros definidos en la política pública, es decir, una participación estatal minoritaria y sin riesgos.

Señaló además el jefe del ente de control fiscal que el valor de Reficar rebasó 1,5 veces la ampliación del Canal de Panamá, en 1,15 veces lo que cuesta el metro de Bogotá y en 4,15 veces el valor de Isagén.

Dentro de las irregularidades detectadas a lo largo de la obra se tiene que se viabilizaron 1.846 contratos con 516 adiciones denominados en pesos, por los que se pagaron, según los cálculos $7,3 billones. Igualmente se suscribieron, cita el organismo, 60 contratos y 127 adiciones denominados en dólares, por US$112 millones; y por un contrato denominado en euros ha pagado 1,2 millones.

Lo grave de la situación se da porque de esos contratos, un 17 % de estos presentaron incrementos superiores al 100%, en valor con lo cual se terminó pagando un adicional de US$142 millones, y $35 mil millones.

La actividad contractual se concentró en un reducido número de contratistas y que algunos son contratistas comunes con CB&I y Foster Wheeler, indica el documento.

También se señala que CB&I realizó un total de 255 contratos y 850 adiciones por las que ha pagado 2,7 billones de pesos; denominados en dólares ha realizado 60 contratos y 127 adiciones por valor de US$112 millones; y denominado en euros ha realizado un contrato por valor de 1,2 millones de euros. Dentro de éstos, se encontró que el 29 % presentaron incrementos superiores al 100 % en valor, que implicaron pagos adicionales por US$43 millones, 0,8 millones de euros y 1 billón de pesos.

Por su lado, Foster Wheeler suscribió 13 contratos y 34 adiciones por valor de $11.503 millones.

Para el ente de control los sobrecostos de la ejecución y los costos de financiación, los colombianos vamos a terminar pagando US$13 mil millones, es decir dos veces lo que se esperaba recaudar al año con la reforma tributaria de 2016.

 

Decisiones

Las investigaciones de la Contraloría llegaron a su punto culminante la semana pasada cuando el titular de ese despacho, Edgardo Maya Villazón diera a conocer el informe mediante el cual se establecieron las responsabilidades de quienes actuaron durante el desarrollo de proyecto de Reficar.

El ente de control expidió en consecuencia el Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal en el caso Reficar por un monto de más de US$2.400 millones, equivalentes a más de $5 billones, luego de haber comprobado la existencia de daño fiscal por la pérdida de las inversiones realizadas en la Refinería de Cartagena durante los años 2011 a 2015.

Esta decisión establece el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia, 4 veces mayor al fallo de Saludcoop del año 2013, indicó la Contraloría.

El documento del ente de control fiscal indica que se demostró que se vulneró la promesa de valor de las inversiones del proyecto al pagarse mayores costos por mano de obra y subcontratos, que ponen en jaque la recuperación del dinero invertido con la rentabilidad esperada por la Nación como accionista mayoritario.

La Refinería inicialmente planeada por un valor de US$3.777 millones de dólares, terminó costando 8.326 millones, descontando financiamiento e intereses.

La Contraloría General de la República pudo determinar que de los US$4.500 millones adicionales, por lo menos US$3.500 millones se habrían destinado a financiar mano de obra adicional ocasionada por la baja productividad que fue persistente a lo largo de toda la ejecución del proyecto y sobre lo cual no se tomaron acciones preventivas ni correctivas, oportunas y efectivas.

En la investigación se lograron identificar hechos irregulares como haber aprobado una póliza irrisoria de 1 millón de dólares para asegurar el cumplimiento del contrato con el grupo de empresas CB&I, para realizar una obra con costos de esa magnitud.

Se determinó que se suscribieron los acuerdos MOA y PIP en 2014 para pagarle a CB&I las facturas sin restricciones ni controles. Por medidas como esta se reembolsaron a CB&I costos no razonables por baja productividad, demoras y re-trabajos por defectos en diseños e ingeniería detallada, y sobrecostos en materiales de construcción.

La Nación terminará pagando por la modernización de la Refinería de Cartagena no solo más del doble de lo que se presupuestó inicialmente (US$3.777 millones), o sea US$8.326 millones, sino más de US$4 mil millones de dólares en intereses por la deuda adquirida para financiar el proyecto.

El Despacho del Contralor Delegado Intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción también ordenó investigar en proceso separado el lucro cesante ocasionado por la entrada tardía en operación por los problemas en la construcción de la refinería, por una cuantía de 1.936 millones de dólares.

 

Los investigadores

En esta investigación participó de tiempo completo, por año y medio, un equipo interdisciplinario de 15 funcionarios de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, incluyendo economistas, contadores, ingenieros y abogados, que realizaron más de 6 visitas a la sede de Reficar en Bogotá y a la planta en Cartagena.

También se recibieron versiones libres de las empresas implicadas en la ciudad de Houston (Texas).

La apertura del proceso fue ordenada mediante Auto Número 382 del 10 de marzo de 2017, lo que quiere decir que en tiempo récord se tomó decisión en un proceso tan complejo y de la magnitud.

 

Los responsables

Pero como en todo proceso que ha sido mal llevado la investigación llevó a establecer quienes son las personas que actuaron en la defraudación contra el fisco nacional a través de los contratos que se realizaron en la actualización de la Refinería de Cartagena (Reficar).

El Contralor Delegado Intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Javier Eduardo Noguera Rodríguez, mediante Auto 773 del 5 de junio de 2018 imputó responsabilidad fiscal a los siguientes miembros de la Junta Directiva de Reficar que aprobaron los controles de cambio reprochados fiscalmente por el ejercicio de una gestión fiscal irregular de las inversiones en el proyecto: Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, ex presidente de Ecopetrol S.A.; Pedro Alonso Rosales Navarro, ex vicepresidente ejecutivo del Downstream de la matriz Ecopetrol S.A.; Diana Calixto, ex Jefe de la Unidad Corporativa de Filiales de Ecopetrol S.A.; Hernando José Gómez, miembro independiente como ex director del Departamento Nacional de Planeación –DNP; Henry Medina González; Uriel Salazar Duque; Natalia Gutiérrez Jaramillo; Astrid Martínez; y Carlos Gustavo Arrieta.

También se imputó responsabilidad fiscal solidaria por contribuir a la pérdida de las inversiones en el proyecto a los expresidentes de la Refinería de Cartagena S.A.S. (Reficar): Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reinoso Yanes; a la ex vicepresidenta Administrativa y Financiera de Reficar, Magda Manosalva; a los ex vicepresidentes de proyecto de Reficar, Carlos Bustillo Lacayo Y Andrés Virgilio Riera Burelli; y al Director Corporativo de Proyectos de Ecopetrol S.A., Cesar Luis Barco García.

El Contralor Delegado Noguera Rodríguez también imputó responsabilidad fiscal solidaria por la totalidad de los US$2.433 millones de las inversiones menoscabadas, a las multinacionales contratistas del proyecto: CBI Americas Ltd., Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) UK Limited, CBI Colombiana S.A., Foster Wheeler Usa Corporation y Process Consultants, INC.

En el Auto 773 también se dispuso el archivo de las diligencias frente a los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. por no configurarse el elemento culpa grave exigido por la ley, pues al cumplir con su misión como Casa Matriz, aseguraron la financiación del proyecto hasta su terminación. Porque la responsabilidad fiscal porque el control en la ejecución de las inversiones le correspondía a la junta directiva de Refinar.

Los nombres de los funcionarios a quien se les archiva son: Mauricio Cárdenas Santamaría, Juan Carlos Echeverry, Carlos Rodado Noriega, Fabio Echeverri Correa, Federico Rengifo Vélez, Joaquín Moreno Uribe, Mauricio Santamaría, Tomás González Estrada, Jorge Pinzón Sánchez, Horacio Ferreira R, Roberto Steiner Sampedro Y Luis Fernando Ramírez Acuña, Amilkar Acosta, Luis Carlos Villegas Echeverri, Ana Fernanda Maiguashca Olano Y Gonzalo Restrepo.