Crear un seguro obligatorio que cubra los gastos y trámites necesarios para la repatriación de cuerpos de colombianos fallecidos en el exterior, es lo que busca el proyecto de ley promovido por la bancada del Centro Democrático en cabeza del representante por los colombianos en el exterior Juan David Vélez.

Según el congresista, la iniciativa que fue radicada el pasado 9 de octubre nace al conocer los casos de familias que han tenido que vivir situaciones difíciles debido a la muerte de uno de sus miembros en las que han atravesado diferentes procesos dilatorios para regresar el cuerpo al país.

El documento de la propuesta explica que se han analizado varios casos, en los que se evidencian factores como “la angustia de la familia, el desconocimiento total de los procesos, la escasez de recursos económicos, la vulnerabilidad a la que quedan expuestas y las limitaciones por parte del Gobierno para hacer frente a estos casos”.

El texto explica que quizá una de las mayores problemáticas, es la de los altos costos de las repatriaciones, mostrando que “para los casos de cremación los precios pueden llegar a los 6 millones de pesos y para el caso de repatriar cuerpos los precios van desde los 12 millones hasta los 30 millones de pesos. Estos valores varían dependiendo del país, el estado, la ciudad y la temporada”.

El proyecto nombra que las razones por las que desean implementar este proyecto obedecen a que el Fondo Especial para las Migraciones, que es un mecanismo importante que apoya a los colombianos en el exterior, por su naturaleza impide la agilidad necesaria para hacer frente a casos de repatriación de cuerpos, debido a que “no se establece un tiempo claro de respuesta. Así mismo, solo se reúne una sola vez al mes para tratar todos los casos que recibe y su objetivo no es únicamente la repatriación de cuerpos; además, no se puede olvidar que a este procedimiento se le suma otros trámites necesarios para el tema de análisis, como apostillas, permisos en el país receptor, trámites consulares, entre otros”.

Adicionalmente, la iniciativa explica que “no existe un programa específico para la repatriación de cuerpos, de acuerdo con la respuesta a un derecho de petición remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores, del mes de agosto de 2018”.

En dicha respuesta, el Fondo Especial para las Migraciones le manifiesta al Ministerio de Relaciones del país que no cuenta con una póliza de seguro para repatriaciones de cuerpos, razón por lo cual “considera de vital importancia impulsar iniciativas orientadas a que aquellos connacionales que se trasladen al exterior por cualquier motivo, cuenten con una póliza de seguro de vida o viaje obligatoria para cualquier contingencia que se les pueda presentar durante la estadía en el exterior”.

El texto menciona además que la Ley 1465 de 2011, en el Artículo 4, numeral 16, dispuso como objetivo del Sistema Nacional de Migraciones  (SNM) “proponer la implementación de una póliza de seguro integral para la repatriación de los cuerpos de nuestros connacionales fallecidos en el exterior”.

El proyecto de ley expone que las respuestas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y a lo establecido en la ley ya mencionada, “hacen que la propuesta del seguro obligatorio sea una medida oportuna y que responda las necesidades de los colombianos”.

Por lo cual, el proyecto de ley está orientado a que al momento de solicitar el pasaporte el titular adquiera una póliza de repatriación, debido a que este documento acredita la nacionalidad e identidad del titular.

Además, busca reglamentar los costos en los que los datos estadísticos de la Cancillería y de Migración Colombia serán indispensables para las proyecciones necesarias.

“Es una iniciativa con función social, como manifestación básica del Estado de bienestar, elevando las medidas de protección para los ciudadanos, planteando como solución la creación obligatoria de un mercado para un servicio con principios solidarios y trasladando la cobertura personal a la universal”, señala la propuesta.

Y agrega, que “el seguro es el mecanismo idóneo para respaldar una necesidad no solo personal y familiar, sino también económica, ya que supone un aporte de todos aquellos que estamos expuestos a este riesgo y al ser obligatorio todos estamos sujetos a adquirirlo sin ninguna clase de distinción”.