La ampliación de 14 magistrados en la JEP para juzgar a los uniformados fue bien recibida por los oficiales en retiro, manifestó el Presidente de Acore

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EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo analizó el debate desarrollado en la Comisión Primera sobre la sala para militares dentro de la JEP?

JAIME RUIZ: Mírelo desde el punto de vista imparcial y lo que eso significa frente a las actuales circunstancias, cuando después de los debates que se dieron, una gran parte de las distintas bancadas del Congreso hacen una conciliación, se ponen de acuerdo y se dan cuenta de que los reparos que veníamos haciendo desde la reserva, en relación con la JEP, tenían plena validez y aceptan que se modifique el tema de los magistrados. Es una muestra de que esto de la JEP para nosotros no era ninguna garantía.

ENS: ¿Qué otros puntos puede analizar?

JR: Lo más puntual posible le puedo decir frente a esto que ocurrió. La designación de 14 magistrados para que asuman la competencia frente a los hechos que tengan relación con el conflicto que involucren a los miembros de la Fuerza Pública es un mensaje de tranquilidad, porque se pronunció el famoso comité de escogencia, hizo la selección de magistrados, 14 de ellos fueron motivo de reparo por su perfil, por sus antecedentes. Muchos detractores permanentes de la Fuerza Pública. Es decir, vamos a quedar en manos de quienes eran nuestros enemigos. Nos iba a juzgar el enemigo. Así pues, si ahora esos 17 magistrados de quienes no tenemos ninguna confianza, no hay garantía ninguna, ya no tendrían competencia sobre los miembros de la Fuerza Pública y serán otros distintos escogidos por la forma como se decidió escoger en el Congreso de la República, entonces ya es un mensaje de tranquilidad.

ENS: ¿Pero al Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional no le gustó para nada el acuerdo?

JR: Lo que pasa es que el Fiscal está alineado. Está del otro lado. Ese Fiscal se pronuncia en contra de la Fuerza Pública. No hace ninguna objeción respecto a los bandidos. Todo es perfecto para ellos que están gozando de plena libertad sin haber pagado un solo día de cárcel. Allí no hay motivos de objeción. En cambio esto que se decidió, que es una determinación soberana en el Congreso, está dentro de los estándares internacionales, no tiene razón para que sea objetado por esta Corte Penal Internacional ni por él, ni la señora Bessudo. Así pues, que en ello estamos totalmente tranquilos y esperamos que se mantenga esa posición por parte del Gobierno, por parte del Estado y el Congreso. Es el mejor mensaje de los miembros de la Fuerza Pública.

ENS: ¿Para ustedes tampoco es prenda de garantía el Fiscal Adjunto de la CPI?

JR: Nada más escuchemos su pronunciamiento. Está sesgado. Está del otro lado. Si él cuestionara el sistema como tal, sería una posición centrada. Su sesgo es inconfundible. Lo mismo ocurre con el delegado de la Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Cuestionan no a la Fuerza Pública, cuestionan una decisión del Estado.

Por ninguna circunstancia el Ejército puede intervenir en situaciones de orden público, porque él considera que eso no es tarea del Ejército, sino de la Policía y objeta.

Es decir, todos están con el otro lado. Esa radicalidad se manifiesta por medio de estas organizaciones. Por esas razones hemos sido críticos y lo seguiremos siendo con argumentos, con razones.

Ley sería objetada

ENS: Pero ya han comparecido algunos militares a la JEP. ¿Qué opina?

JR: Son determinaciones personales frente a la situación que tienen que enfrentar de acogerse a la JEP, pues hay una ley vigente que permite que voluntariamente se acoja o no. Eso es determinación de cada quien. Y hay 18 meses para tomar esa determinación.

Sabemos que esa ley que está vigente se va a caer en la Corte Constitucional por cuestiones de orden técnico. En principio son cuatro debates y hubo dos no más. Sabemos que la Corte debe pronunciarse en ese sentido, pero por el momento está vigente la ley. ¿Cuánto tiempo? ¿15 días, un mes, dos meses? No sabemos. Pero viene otro proyecto que fue el que se decidió, se debatió en el Congreso. Y ese es el que va a ser usado para enfrentar los presuntos delitos que se den por causa del conflicto y que involucran a los miembros de la Fuerza Pública.

Después de toda la legislación que se ha desarrollado en torno a la nueva justicia de paz, la JEP se convierte, de las opciones posibles para el general Montoya, la que más le favorece.

ENS: ¿Los oficiales en retiro le dan el beneplácito al acuerdo logrado?

JR: Del ahogado al sombrero. Ya tenemos 14 magistrados que suponemos que no tienen sesgo político, que no tengan posiciones ideológicas, que no hayan sido contradictores de la Fuerza Pública, con hacer parte del otro lado, porque la guerra jurídica que enfrentamos es muy evidente. Fuimos muy exitosos en el campo, en las acciones militares contra esas unidades terroristas, pero nos derrotan con mucha facilidad en los estrados judiciales.

Por eso estamos enfrentando esa situación. Por eso hay muchos miembros de la Fuerza Pública procesados injustamente, sin pruebas. Hay miembros de la Fuerza Pública que llevan ya varios años en los centros de reclusión y no hay pruebas, y los procesos no avanzan porque esa guerra jurídica ha sido el elemento útil para podernos enfrentar en otros escenarios.

ENS: ¿Qué apreciaciones hace de las modificaciones planteadas?

JR: Esas modificaciones son legales y por eso se acude al Congreso para que se arregle lo que quedó mal hecho desde el comienzo. Desde la campaña nos reunimos con el presidente Duque y él escuchó esta petición de los uniformados del país. Menos de la mitad de los actuales magistrados de la JEP tienen la confianza de los militares y es necesario tener un nuevo grupo de jueces que den garantías de imparcialidad y que respeten los derechos a la defensa de los uniformados.

ENS: ¿No se descarta que más adelante se pueda dar la creación de la sala?

JR: Creo que si estos magistrados que sean seleccionados generan confianza por su idoneidad, que conozcan el Derecho Internacional Humanitario, que conozcan los derechos humanos, que conozcan el derecho operacional, que no asuman posiciones políticas sesgada que los muestren como activistas de la extrema izquierda, como ocurre con 17 que hay ahora en la actual JEP, entonces ya es un mensaje de tranquilidad. Creo que no se rompe la estructura de la JEP. Es una determinación de distintos sectores políticos y distintas bancadas. Los únicos que se opusieron fueron los señores de las Farc, por razones obvias, y el Polo Democrático, pero son minoritarios. Eso nos da fortaleza y tranquilidad.

ENS: Pero las Farc expresaron que lo aprobado es en realidad la sala para militares. ¿Qué opina?

JR: No es ninguna sala para los militares. Son 14 magistrados que quedan asignados al tribunal especial de paz y quedan distribuidos en sus distintas salas y comisiones. Lo único es que solo ellos tienen la competencia para manejar los procesos con los militares. Eso es lo que tenemos entendido y así quedo en la proposición en la Comisión Primera.

ENS: ¿Ya se reunió con el presidente Iván Duque?

JR: Sí y ahora sí esperamos que haya gobierno, que sea más claro y que sea más comprometido con los miembros de la Fuerza Pública. Y que no se maneje como se manejó el gobierno anterior a través de engaños. El presidente Santos decía que con este sistema de la JEP había plena seguridad jurídica, blindaje internacional y eso fue mentira. Y a los reparos hizo caso omiso. No nos puso atención. Nos engañó en el Palacio. Esa iniciativa se le había propuesto al expresidente Juan Manuel Santos, pero no logramos que hiciera los cambios.

ENS: ¿Cuáles son sus peros a la JEP?

JR: Nos parece muy grave es poner en duda la legitimidad de todo lo que es nuestro reglamento y balances institucionales. Eso tampoco se corrigió. Y algo que es más grave: quienes nos van a juzgar no gozan de ninguna aceptación. Estas personas que asignaron para escoger los magistrados que tendrán a su cargo todos estos procesos que adelantará el tribunal de paz, son personas con vínculos ampliamente conocidos, su estrecha relación con terroristas en sus países. Hablo de Argentina, hablo de España y hablo de Perú. Esa es la gran incógnita y lo decimos claramente: nos juzgaría el enemigo.

ENS: ¿Cuál fue su advertencia en el momento que se aprobó en el Congreso la JEP?

JR: Lamentablemente lo que se aprobó dejó por fuera algo que insistentemente estábamos pidiendo y hacía falta darla de manera taxativa en los textos sobre la prioridad de la aplicación de lo que es el Derecho Penal colombiano, a través de nuestros códigos sobre cualquier intento de tipo internacional. No se logró, porque pedíamos una cosa muy sencilla, dentro de esa tesis que se ha sostenido.

El general Montoya

El 17 de octubre tuvo lugar en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una audiencia que pretendía formalizar el así denominado “sometimiento” del general (r) Mario Montoya mediante la suscripción formal de una acta de compromiso.

Montoya es recordado en las Fuerzas Militares por liderar operaciones clave para inclinar la balanza en favor del Estado en la confrontación contra las Farc, como la operación Fénix, en la que fue abatido Luis Edgar Devia (Raúl Reyes) en territorio ecuatoriano.

También estuvo a cargo de la Operación Jaque, con la que se logró la liberación de 15 secuestrados que duraron varios años en poder de los insurgentes, como Íngrid Betancourt, tres norteamericanos y 11 uniformados. Fue una operación de inteligencia militar con la que se logró infiltrar las comunicaciones del grupo armado ilegal para conseguir el rescate y varias capturas sin necesidad de recurrir a armas de fuego.

La solicitud del general Montoya de someterse a la JEP se dio una semana después de la presentación ante este mismo tribunal del general (r) Henry Torres.