Luego de casi ocho días, tras la renuncia de ocho miembros de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), el presidente de la misma y actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no ha podido conformar los nombres que la integrarán.
Hasta este domingo, de tres nombres que dio el alcalde Quintero hasta el viernes pasado, del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Iván Palacio y la exministra de Medio Ambiente y gerente de la revista Semana, Sandra Suárez Pérez, así como el abogado y empresario Alberto Preciado. Solo se mantienen los dos primeros, pues este último declinó el ofrecimiento.
Esta situación refleja el fuerte debate y pugnas que, tanto en el ambiente político como en el empresarial, se están presentando en los últimos días.
Jorge Iván Palacio, es abogado y jurista, fue presidente de la Corte Constitucional, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, profesor de la Universidad de los Andes y miembro de la Junta Directiva de Hidroituango, representando los intereses de EPM; mientras que Sandra Suárez es ambientalista y empresaria, MPA Harvard Kennedy School of Government, alta Consejera Presidencial, exministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. Participó en las juntas del Ideam, Alexander Von Humboldt, Sinchi, entre otras.
Impedimentos
En su comunicación que declina el nombramiento, Alberto Preciado, quien es muy cercano al grupo empresarial de Bavaria, dijo que “decliné el ofrecimiento de participar en la Junta de EPM. Después de un estudio riguroso, encontré que podría haber vasos comunicantes indirectos, con algunas de las juntas directivas a las que pertenezco y así lo manifesté pensando en el bienestar de EPM. Esta decisión protege a la Empresa y es la correcta”.
Preciado se desempeña como miembro en las juntas directivas de Bavaria S.A., Caja de Compensación Familiar Cafam, Cámara de Comercio de Bogotá, Cine Colombia S.A., Caracol Televisión, Decamerón S.A.S. y Valorem S.A.
Mientras tanto, a la par con esta situación, el alcalde Daniel Quintero, sostuvo que la nueva Junta Directiva “no será la junta del Grupo Empresarial Antioqueño, pero tampoco una junta contra el GEA”.
Señaló a varios medios sobre la posibilidad que el exgobernador Luis Pérez sea miembro de la Junta Directiva que “tengo respeto por todos los exalcaldes y gobernadores, y en la medida de lo posible los consulto, pero no habrá ninguno en la Junta”.
Por otra parte, el domingo también se conoció la postura de los contratistas que el alcalde Quintero mencionó en una posible conciliación o demanda que está adelantando la EPM por $9,9 billones.
Contratistas
A través de una carta dirigida al gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, el consorcio que construye Hidroituango, llamado CCCI, conformado por las empresas Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H, dijo que “con extrañeza recibimos la citación para conciliación en dicho proceso, al igual que las imputaciones de responsabilidad que ustedes hacen en contra del consorcio, que contradicen la conducta de EPM por año”.
El consorcio CCCI también acude a su trayectoria y cuestiona la confianza que tiene EPM en quienes encomendaron para construir Hidroituango.
“Hacemos un llamado a que EPM reconsidere la decisión inicial y retire las pretensiones formuladas en contra del consorcio CCCI y sus integrantes”, aseguran.
Asimismo, las empresas constructoras de Hidroituango cuestionan que EPM no haya acudido a instancias que contempla el contrato ante incumplimientos y tampoco que haya hablado con los constructores antes de hacer pública la demanda en su contra.
También el domingo, sobre la situación de EPM se pronunció el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, quien en su columna de opinión en El Tiempo defiende las actuaciones del alcalde Daniel Quintero, en la solicitud de conciliación por $9,9 billones en el caso de Hidroituango.
Vargas Lleras dice que “muy profundas e intrincadas han sido por siempre las relaciones e intereses entre el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y EPM”.
Respaldos
Vargas Lleras recordó la participación de varios miembros de la anterior Junta en empresas relacionadas con EPM, y añadió: “¿Cómo esperar que una Junta Directiva con unos vínculos, “de amistad o de negocio”, tan fuertes pudiera tomar la decisión de demandar a Conconcreto, a Coninsa o a Integral y al buque insignia, Sura? Imposible. Por eso, el Alcalde tomó la decisión correcta de ir adelante sin consultar tanto, pues sabía que tratarían de impedírselo y no quiso poner en riesgo una decisión que ya había tomado en defensa del patrimonio de EPM”.
Adicionalmente, el ex vicepresidente recordó otros casos a cargo de los mismos contratistas de Hidroituango en los que, a pesar de los sobrecostos, nunca hubo demandas. Puntualmente, los casos Porce III y la hidroeléctrica Bonyic en Panamá. En ese sentido, dijo, “el alcalde Quintero y el gerente se estarían preguntando si en el caso de Hidroituango pasaría lo mismo y en buena hora decidieron actuar. Lo hicieron en defensa del patrimonio público”.
Sobre la polémica que ha generado la renuncia de los miembros de la Junta, Vargas Lleras señaló que quienes “tienen intereses bien conocidos, han salido a reclamar por supuestas fallas en el gobierno corporativo de la empresa, tras el cual se puso por décadas el patrimonio de una ciudad como Medellín, bajo la tutela de empresarios e intereses privados, nociva práctica en cuanto al manejo de los conflictos de intereses en las sociedades”.
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Tras respaldar las actuaciones del Alcalde al solicitar una conciliación por $9,9 billones, Vargas Lleras dijo en su escrito que “aquí no hay crisis, dijo el Gerente, pero lo que sí hay, a mi modo de ver, es un sano corte de cuentas. Una parada obligada para poner orden en la casa de EPM, que es de los antioqueños, y de los colombianos, y no de un conglomerado empresarial privado”.
También, este domingo, los directivos de EPM dirigieron una carta al Gerente General de la empresa, para expresar su preocupación. Señalan que “las prácticas de gobierno corporativo para la toma de decisiones (...), tienen grandes beneficios para la sostenibilidad de nuestra organización”, y en ese sentido, argumentan que, en su criterio, “se está dando un mensaje de incumplimiento a este sistema de Gobierno”.