Aerocivil dice que el 9 de noviembre informó lo acontecido a autoridades correspondientes

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Entraron a terciar en el escándalo por la decisión de un controlador aéreo de impedir que un avión de inteligencia militar de la Fuerza Aérea interceptara una avioneta, al parecer cargada con cocaína, y que pretendía cruzar espacio aéreo colombiano, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el procurador Fernando Carrillo.

“Tenemos claramente que saber cuál es la jerarquía cuando hay una operación de orden público contra el crimen organizado transnacional, si es la de un controlador que no tiene toda la información o si es la de la FAC que la tiene toda y que responde en caso en que Ese riesgo se vuelva un incidente”, dijo Villegas.

Agregó que “se puso en peligro una operación que hubiera sido mejor capturar a los mafiosos y la coca o la plata, eso fue lo que se puso en cuestión, afortunadamente nuestro espacio no es violable así tan fácilmente”.

Dijo Villegas que aún hay preguntas por responderse en el caso del controlador aéreo que negó a la Fuerza Aérea permiso para realizar una interdicción de un vuelo ilegal el pasado 31 de octubre.

A través de un comunicado, la Aerocivil se pronunció frente a los hechos presentados el pasado 31 de octubre de 2017 acerca del “entorpecimiento de algunos servidores públicos, haciendo referencia a controladores aéreos para interceptar una aeronave ilegal”.

Indicó que “una vez conocidos los hechos, la Aeronáutica Civil, en oficio del día 9 de noviembre de 2017, remitió, de manera inmediata, informe por presunta omisión y presunta extralimitación en las funciones de los servidores públicos, controladores aéreos, a la Dirección Nacional del CTI, con copia a la Procuraduría General de la Nación, para que iniciaran la investigación correspondiente”.

También manifestó que “el Procurador Regional del Tolima, Germán Alexander Almario Díaz, el pasado 5 de febrero, mediante oficio, solicitó a la Aeronáutica que, desde el Grupo de Investigaciones Disciplinarias de la Aeronáutica Civil, se realizara la investigación de rigor, proceso que en la actualidad se halla en curso”.

Por su lado la Procuraduría abrió investigación formal en contra de tres personas de diferentes cargos que tendrían responsabilidad en un episodio registrado el 31 de octubre de 2017, cuando funcionarios de la Aerocivil, al parecer, evitaron que un avión de inteligencia y reconocimiento militar Cessna Citation Sr-560 Tracker fuera tras un vuelo que transportaba droga.

El hecho, según las investigaciones, se dio en la base de Palanquero en Puerto Salgar, Cundinamarca. Y el avión ilegal, habría salido con rumbo a Centroamérica.

Los funcionarios investigados no le dieron la autorización al avión militar, pese al pedido de las autoridades para interceptar al ilegal y por eso se investiga una posible extralimitación de funciones y el trasfondo que pueda tener el caso.