Las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes aprobaron ayer en último debate al cierre de la legislatura el proyecto de ley que permitirá el sometimiento colectivo a la justicia de las bandas criminales a cambio de algunos beneficios, el principal de ellos la reducción del 50 por ciento en la pena.

Este mecanismo no alcanzará  a ser aplicado durante la administración Santos, pero si la Corte llega a declararlo exequible estará vigente poco después de que Iván Duque asuma el poder.

La iniciativa fue agendada y discutida en las respectivas plenarias antes de ocuparse del proyecto que establece los procedimientos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Es significativo este hecho porque  el consenso que hubo en estas condiciones indicaría que a la entrante administración le interesa tener este mecanismo para enfrentar el fenómeno de las Bacrim.

En abril pasado, el entonces candidato Duque les envió un mensaje a bandas criminales como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, en particular a alias ‘Guaxcho’: “Nosotros no vamos a negociar con criminales. Cuando lleguemos a la presidencia, las vamos a perseguir hasta que se sometan a la justicia colombiana, a las buenas o a las malas”.

Dicho pronunciamiento interpretado al vuelo indicaría que Duque no compartiría, por ejemplo, que Dairo Antonio Úsuga, conocido por el alias de ‘Otoniel’, jefe del narcotraficante Clan del Golfo, obtenga el beneficio de la reducción en la mitad de la pena por someterse a la justicia.

No obstante otra cosa indicaría que el partido de Duque, el Centro Democrático, votara a favor de la aprobación de este proyecto y, de paso, jalara la decisión en este sentido de las nuevas fuerza duquistas en el Parlamento.

Varios parlamentarios del Centro Democrático presentaron impedimentos para votar esta iniciativa, como los senadores Álvaro Uribe y Alfredo Ramos, que les fueron aprobados por la plenaria del Senado.

Otros legisladores de esta colectividad lo votaron a favor, como el senador Alfredo Rangel, quien no obstante aclaró que “apoyaremos este proyecto, sin embargo, lo consideramos tardío e insuficiente. Ofrece unas vías para el sometimiento a la justicia, pero el principal atractivo de estas bandas criminales es el narcotráfico”.

No obstante esta iniciativa no ha sido extraña al partido uribista porque en el actual Congreso radicó un proyecto que establece un procedimiento inicial de acercamiento con las organizaciones criminales por parte del Ejecutivo, en el que se les da la posibilidad de acordar las condiciones de sometimiento y acogimiento a la justicia, abriendo un espacio de diálogo en el cual se puedan fijar condiciones en pro de la convivencia, la seguridad y del mantenimiento del orden público.

Por otro lado, se establece un procedimiento penal abreviado en comparación al proceso ordinario establecido en la Ley 906 de 2004, el cual pretende que el sometimiento a la justicia sea expedito, sin dejar a un lado las garantías y derechos que tienen tanto las personas que se van a someter a esta ley, como las víctimas.

Tras la aprobación ayer del proyecto de ley que permitirá el sometimiento colectivo a la justicia de las bandas criminales, el fiscal Néstor Humberto Martínez explicó que éste le brinda mayores instrumentos a la rama judicial para combatir esas organizaciones.

“Hay facultades para que la Fiscalía pueda desarrollar instrumentos que hay hoy en el mundo contra este tipo de delitos”, señaló Martínez Neira.

Por su parte, el ponente de la iniciativa, el senador Roy Barreras, de La U, insistió en que “en esta ley no habrá ningún tipo de beneficios judiciales  ni rebajas de penas adicionales, ni prebendas distintas a la de acabar con la persecución, en la medida que el individuo se somete a la ley y a la Constitución".

El senador Barreras indicó que “esta es una gran oportunidad para que Colombia tenga paz, tranquilidad y para que  miembros de estas bandas se sometan”.

La norma

El proyecto permitirá rebaja de penas de hasta el 50 por ciento para los miembros de grupos criminales que decidan someterse. Salvo que se trate de delitos de lesa humanidad,  la disminución de la pena será sólo del 30 por ciento.

Aunque la opinión pública sigue hablando de bandas criminales (Bacrim), las autoridades ya no utilizan ese término, sino que hablan de GAO (Grupos Armados Organizados) y GDO (Grupos Delincuenciales Organizados). Podría decirse que mientras los GAO son nacionales, los GDO son locales.

El ministro de Justicia, Enrique Gil, explicó que en el proyecto no se fijó una jurisdicción especial ni la posibilidad para que se conviertan en un grupo político después del sometimiento a las autoridades.

"Este proyecto también mantiene todo el peso de la ley (…) lo que está buscando es precisamente garantizar la terminación del actuar delictivo de organizaciones criminales a través de dos estrategias", precisó.

De esa manera, se explican dos aspectos importantes que contempla la iniciativa, en busca de sacar a las estructuras armadas y criminales de los hechos de violencia que protagonizan en diferentes regiones del país.

Añadió Gil que “queremos diseñar toda una estructura de orden procedimental, de orden judicial y de orden normativo que permita judicializar, condenar, y sancionar efectivamente a esos grupos o a esas bandas criminales. El beneficio judicial es el que se otorga a cualquier delincuente en el Código Penal, que se entregue a la justicia, confiese, entregue los bienes, y se allane; allí tiene una rebaja hasta del 50 por ciento en la condena".

La amenaza

Las Bacrim se erigen en este momento como la principal amenaza en la etapa de posconflicto que ya se vive después de que las Farc firmaran en noviembre de 2016 con el Gobierno un acuerdo de paz.

Estos grupos han ido creciendo tras el sometimiento a la justicia que se dio entre 2005 y 2006 de los grupos paramilitares, enfocando sus accionar criminal en actividades lucrativas como el manejo de cultivos ilícitos, narcotráfico, extorsión y minería ilegal.

El ‘Clan del Golfo’ tiene cerca de 1.900 integrantes, pero podrían ser cerca de 3.500 si se tiene en cuenta a los que subcontratan y a los que usan su marca para asesinatos, microtráfico, cobro a expendios de droga y labores de inteligencia, indicó en un informe la Fundación Ideas para la Paz (FIP).