UNA NUEVA solicitud hizo la Procuraduría General de la Nación al Gobierno nacional, en beneficio a la comunidad Pogue, en Bojayá, Chocó.

Al respecto, el Ministerio Público requirió al Ejecutivo que se garanticen sus derechos fundamentales a la vida digna, al territorio, la vivienda, la reparación integral, alimentación y multiculturalidad.

“La población cuenta a la fecha con 696 personas, entre adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, personas discapacitadas y mujeres embarazadas; quienes se reconocen como pertenecientes a la población negra”, manifestó el ente de control.

Además, informó que interpuso una “acción de tutela con el objeto de requerir la ubicación inmediata de esta colectividad, al verificar que su territorio está en medio de dos ríos y colinda, además, con el río Atrato, por lo que, viven en riesgo de inundaciones y deslizamientos; aún más en las temporadas de lluvias y sin contar con una vía de acceso”.

Si bien ya se ha confirmado que los recursos designados desde julio de 2022 para el desplazamiento de esta población a un lugar que cuente con condiciones dignas para habitar, hasta la fecha, los afectados se encuentran en el mismo lugar.

“Adicionalmente, la entidad corroboró que el territorio no cuenta con servicios públicos; la energía eléctrica es intermitente por medio de una planta eléctrica y a la fecha, la atención en Salud y la Educación es precaria”, puntualizó.

Por lo mismo, la Procuraduría delegada para Asuntos Étnicos solicitó también a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres elaborar y ejecutar un plan de reparación integral y la indemnización administrativa a las víctimas de este sector del país.

Finalmente, el organismo de control insiste en la inmediatez de la respuesta al Ministerio del Interior y al Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio ante el riesgo inminente de desaparición del colectivo étnico.