La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución 0052 del 8 de enero de 2019, ordenó continuar con el proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar la Asociación de Cabildos Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre, Manexka EPSI, en cumplimiento de la Sentencia T103 proferida por la Corte Constitucional el 14 de junio de 2017.
Antecedentes Mediante la Resolución 527 del 27 de marzo de 2017, la Entidad en ejercicio de sus facultades, ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la EPSI Manexka, tras identificar una defraudación al sistema de salud en donde se desviaron recursos que fueron utilizados con fines distintos a la prestación del servicio de salud, amparándose en la protección especial indígena, hecho que puso en riesgo a los más de 200.000 afiliados, quienes también fueron trasladados por la Supersalud a 5 EPS que operan en la región como parte del proceso de continuidad en la garantía del aseguramiento.
Entre los hallazgos que dieron origen en su momento a la decisión, se encontraban:
1-. Venta de inmuebles de propiedad de Manexka a la IPS del mismo nombre por $600 millones, sin que el valor de dicha transacción se evidenciara en los registros contables. A estos inmuebles se les realizaron mejoras por valor de $240 millones existiendo únicamente una promesa de compraventa entre las dos entidades.
2-. Manexka no entregó información sobre el origen de financiamiento para la adquisición de la sede ubicada en el municipio de San Andrés de Sotavento y que de acuerdo con los libros contables asciende a $2.900 millones. Esta operación se configura como una apropiación indebida de recursos de la salud, pues aparentemente este dinero salió de los recursos que el Gobierno Nacional asigna por cada afiliado.
3-. Contabilización de ingresos extraordinarios ficticios para dar cumplimiento a la norma de habilitación financiera del orden de los $13.800 millones.
4-. Pago de honorarios a miembros de la junta directiva sin autorización por $304 millones.
5-. Gastos de nómina registrados y pagados como costos en salud.
6-. Se rastrearon cuentas bancarias activas e inactivas que nunca fueron reportadas en los estados financieros.
7-. Se identificó una celebración indebida de contratos con la IPS Samisalud S.A.S. encargada del suministro de medicamentos, la cual fue creada el 24 de enero de 2013, sin embargo, el contrato había iniciado desde el 1 de enero del mismo año. Las facturas presentadas por esta IPS nunca fueron auditadas, es decir, se pagana sin verificar si efectivamente se había prestado el servicio o no.
8-. Se identificaron autorizaciones para la realización de procedimientos estéticos sin que existan evidencias de pago en los registros contables.
9-. Se emitieron autorizaciones de servicios de salud a 513 fallecidos por un valor de $733 millones.