Tras meses de análisis desde la intervención de la EPS Sanitas, SuperSalud reveló irregularidades significativas en sus operaciones, incluyendo millonarios gastos operativos y contratos sin beneficio claro.
Entre los hallazgos más destacados, se encuentran gastos injustificados por más de $104.000 millones destinados a la operación de centros médicos, según informó Luis Carlos Leal, superintendente de Salud.
El informe destacó que Sanitas, a pesar de reportar pérdidas al final del año, había aumentado significativamente sus gastos administrativos. Según Leal, este aumento fue injustificado y suscitó preocupaciones sobre las prácticas financieras de la empresa.
Uno de los hallazgos clave en el informe fue el presunto gasto de más de $104,000 millones por parte de Sanitas en la operación de centros médicos. Leal señaló que estos centros, clasificados como prestadores de servicios de salud (IPS), no deberían tener sus costos de administración u operación cubiertos por EPS. Estos costos, explicó, deberían ser cubiertos por gastos médicos para garantizar la atención al paciente.
El grupo Keralty, que incluye a Sanitas, había rechazado previamente la intervención, calificándola de "ilegal, desproporcionada y discriminatoria". Expresaron preocupaciones de que la intervención pudiera afectar negativamente a sus 5.8 millones de afiliados.
Para defender su sostenibilidad financiera, Sanitas culpó al gobierno por no considerar la concentración de riesgo por afiliado y la "insuficiencia de las Unidades de Pago por Capitación (UPC)".
Hallazgos adicionales de SuperSalud sugirieron que Sanitas no solo pagaba por la administración, sino también por el alquiler de los centros médicos, ascendiendo a $4.666 millones mensuales. Esto, en una medición anual, totaliza $56,000 millones.
Leal también reveló que Sanitas había firmado contratos "innecesarios" que no representaban ningún beneficio. Citó como ejemplo a la Sociedad Andrés Murcia Vargas Abogados Asociados.
La intervención, anunciada por un período de un año por la Superintendencia de Salud, se debió a la supuesta insolvencia de Sanitas, que cuenta con 5.8 millones de afiliados en Colombia y deudas que superan los dos billones de pesos. Sin embargo, Keralty argumentó que la situación de sostenibilidad financiera de la EPS fue en gran parte causada por las acciones del gobierno, incluida la falta de "análisis responsables sobre temas como la insuficiencia de la UPC y el no reconocimiento de la deuda acumulada".
Esta controversia continua plantea preguntas sobre las prácticas financieras de los proveedores de servicios de salud y el papel de la supervisión gubernamental para garantizar operaciones justas y responsables.