Un llamado para evitar que se repita una tragedia como la que ocurrió en Bojayá, Chocó, el 2 de mayo de 2002, les expresó ayer a los gobiernos nacional y departamental el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto.

En esa oportunidad, el enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros llevó a que la comunidad se refugiara en la iglesia del pueblo, que fue alcanzada por un cilindro bomba arrojado por las Farc, dejando un saldo de 80 personas asesinadas.

“Estamos muy preocupados por el avance de los grupos armados ilegales, concretamente del Eln y las Autodefensas Gaitanistas –Clan del Golfo– que vienen ocupando las regiones que antes eran de las Farc, y en muchas de estas zonas están coincidiendo generándose enfrentamientos entre ellos”, explicó el prelado.

De acuerdo con el religioso, “la situación es de mucho temor” para los habitantes de la región pues “estimamos que unas 7.000 personas están confinadas, no pueden salir de sus comunidades por los enfrentamientos que se puedan presentar entre esas organizaciones armadas ilegales, además están en riesgo de un desplazamiento masivo”.

El obispo Barreto agregó que en Bojayá los pobladores “están viviendo en confinamiento, viendo el reclutamiento de sus niños, la instalación de minas antipersonales en su territorio y viven con el temor de que se vuelva a repetirse una tragedia similar a la del 2 de mayo de 2002”.

En un comunicado público, se advierte que “la situación más crítica la padecen las comunidades indígenas y afrodescendientes de los ríos Opogadó, Napipí, Bojayá y todo el Medio Atrato”.

La comunicación es suscrita por la Diócesis de Chocó, la Asociación Campesina Integral del Atrato, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Corporación Pacipaz y la Coordinación Regional del Pacifico Colombiano.

Las organizaciones etnicoterritoriales afros e indígenas, y la Diócesis de Quibdó se preguntan: “¿Será que es necesaria otra masacre en Bojayá para que nos presten atención?”.

Y afirman que en mayo de 2002 “imperó la ley del silencio, el accionar de grupos armados al margen de la ley, la omisión de la Fuerza Pública y demás autoridades regionales y nacionales, que fueron cómplices de esta terrible tragedia que enlutó al departamento del Chocó”.

La denuncia agrega que los combates entre Eln y Clan del Golfo se han venido presentando en zonas rurales del río Opogadó, dejando a la población indígena de Unión Baquiaza, Egoróquera, Unión Cuití, Playita y a las comunidades afrodescendientes de Mesopotamia y Carrillo, en medio del conflicto y poniendo en riesgo su seguridad.

Y se advierte que numerosas familias iniciaron el desplazamiento forzado, pues en las últimas semanas han sido asesinadas dos personas en las riberas de los ríos Bebará y Bebaramá.

Según las organizaciones firmantes, la presencia del Ejército y la Armada “no es suficiente” para contener la arremetida de los grupos ilegales, y les piden “a todos los actores armados”:

- Observar el Derecho Internacional Humanitario.

- No instalarse en medio de las comunidades.

- No utilizar a la población civil como escudo humano.

- Respetar el principio de distinción, común a los protocolos de Ginebra.