Un nuevo pulso se prevé en el Congreso entre las bancadas del Centro Democrático y del partido Farc por cuenta del proyecto sobre tratamiento penal diferencial para los cultivadores de coca y otras plantaciones ilícitas.

La iniciativa, que busca implementar el punto cuarto de los acuerdos de paz referido al tratamiento penal diferencial para pequeños agricultores vinculados a los cultivos ilícitos, tuvo un primer intento de trámite por parte del gobierno pasado, en octubre de 2017 y en marzo de 2018. Aquel no tuvo desarrollo y el otro, aunque tuvo ponencia para primer debate, no alcanzó a discutirse y se hundió al terminar la pasada legislatura. El anterior ministro de Justicia, Enrique Gil, volvió a radicarlo el 31 de julio, pero no se ha movido.

Ahora, la bancada del partido Farc presentó su propia versión (que probablemente se acumule con la del exministro Gil).

El presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, manifestó sobre ese proyecto que “habría que analizarlo y se tiene que mirar si va en consonancia con las propuestas que tiene el Gobierno, porque este tipo de proyectos necesariamente implican que el Gobierno los avale, porque puede tener un impacto fiscal”, recordando que el proyecto que presentó el anterior gobierno traía un impacto fiscal grande.

El senador Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), del partido Farc, explicó que “se busca darle una salida, por la vía de un tratamiento penal diferencial, a los centenares de campesinos y campesinas, que, dadas las situaciones socioeconómicas y de subsistencia, se han visto obligado a este tipo de cultivo. Buscamos hacer justicia social con estas personas, pretendemos la creación de un programa de sustitución voluntaria de estos cultivos y la creación de una política pública antidroga”.

Entre tanto, la senadora Judith Simanca (Victoria Sandino), también del partido Farc, dijo que se busca una garantía jurídica para los campesinos que se han dedicado al cultivo ilícito.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, hizo un llamado al Gobierno nacional para que apoye la iniciativa.

Proyecto

La iniciativa establece las medidas de un tratamiento penal diferenciado y transitorio de las conductas previstas en los artículos 375, 376, 377 y 382 de la Ley 599 de 2000, para los pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y las actividades conexas a este, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo No. 01 de 2017 y en el numeral 4.1.3.4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El tratamiento diferenciado contemplado en el proyecto cobija las actividades relacionadas y conexas con el cultivo, conservación y financiación de las plantaciones de coca, marihuana y amapola; y transporte y comercialización de sus derivados.

Se expresa que para acceder a los beneficios, los campesinos deberán registrarse en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), lo que los obliga a comprometerse a sustituir los cultivos ilícitos y a no reincidir en la plantación de los mismos.

De la misma manera, funciones a la dirección del PNIS y a la Fiscalía General de la Nación, que se encargarán de solicitar los benéficos jurídicos a quienes se encuentren presos por plantar o procesar cultivos ilícitos, así como también, se solicita al ente acusador asumir la potestad de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los solicitantes de los beneficios.

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El otro proyecto

Como ya se mencionó, el gobierno anterior presentó el proyecto dos veces y dos veces se hundió.

La iniciativa, que el exministro Gil volvió a presentar antes de irse, contempla que se renuncia a la acción penal a todos los pequeños cultivadores que sustituyan sus cultivos ilícitos y no resiembren dentro un período de verificación que puede ser hasta de dos años.

Según la exposición de motivos, la superficie dedicada al cultivo ilícito de la planta de coca en Colombia se extendió hasta 146.000 hectáreas en 2016, desde las 96.000 hectáreas registradas en 2015.

Según el anterior gobierno, desde enero de 2017 se han erradicado de forma forzosa 58.000 hectáreas de arbusto de coca, y confió en que se logren los resultados previstos mediante la sustitución voluntaria de cultivos.

El proyecto busca “fundamentalmente beneficiar a pequeños cultivadores que hayan incurrido en las conductas previstas en el artículo 375 de la Ley 599 de 2000. Está previsto que se beneficien unas 100.000 familias”, manifestó Gil en su momento.

El alto funcionario añadió en ese momento que el proyecto hace una diferenciación cualitativa y cuantitativa en la medida en que busca perseguir a las organizaciones criminales que han generado problemas macro, algo que no corresponde a los pequeños cultivadores.

“No queremos que se sancione el eslabón más débil de la gran empresa del narcotráfico”, puntualizó.

Para poder acceder a dicho beneficio, el proyecto de ley propone a estos pequeños cultivadores vincularse al PNIS y suscribir un compromiso en el que renuncien a cultivar o mantener plantaciones ilícitas.

En parte, las dificultades que tuvo el proyecto para avanzar se desprendieron de las críticas que recibió del fiscal Néstor Humberto Martínez, sobre todo en cuanto a que se modificara el Código Penal para beneficiar a cultivadores que pueden no ser parte de un programa de sustitución de cultivos ilícitos y que, además, se les concedieran beneficios penales indiscriminados y permanentes a cultivadores de coca, marihuana o amapola, hecho que calificó de "muy mal mensaje para la lucha contra las drogas".