Culminó ayer por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el envío de los expedientes que adelantaba en única instancia contra congresistas y otros altos funcionarios del Estado y que ahora, por mandato del Acto Legislativo 01 de 2018, corresponde tramitar en doble instancia por competencia a las salas especiales de Instrucción y Primera Instancia.

La Sala Especial de Primera Instancia recibió un total de 133 procesos en desarrollo, mientras la Sala Especial de Instrucción está recibiendo 464 expedientes.

En el listado de procesos que fueron remitidos a la Sala Especial de Instrucción hay expedientes por parapolítica, por falsos testigos, por el carrusel de la contratación en Bogotá, por el escándalo de coimas que pagó la multinacional brasileña Odebrecht y por el llamado ‘cartel de la toga’ en la Corte Suprema de Justicia, entre otros.

En el caso de los falsos testigos, la Sala Penal entregó a la Sala Especial de Instrucción las investigaciones preliminares que en julio pasado abrió al senador Álvaro Uribe y al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, por los delitos de soborno y fraude procesal, en un supuesto caso de manipulación de testigos con la intención de favorecerse con sus testimonios en investigaciones al expresidente y además incriminar al también senador Iván Cepeda.

Estos procesos estaban frenados porque Uribe inicialmente recusó a magistrados de la Sala Penal que lo investigaban, el cual fue negado; en tanto que en septiembre pasado solicitó el beneficio de la doble instancia.

También llegaron a la Sala Especial de Instrucción las investigaciones por parapolítica contra los detenidos exsenadores David Char y Álvaro Ashton, a pesar de que el pasado 24 de agosto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de forma condicionada su acceso tras resolver una apelación de estos a la negativa de esta instancia para ingresar.

La Sección de Apelación de la JEP revocó las Resoluciones 083 y 084 del año en curso, al considerar que los delitos señalados están dentro de la competencia porque la evaluación de la relación de una determinada conducta con el conflicto armado admite distintas intensidades, de acuerdo con el momento procesal del que se trate, y atendiendo a los elementos de prueba disponibles.

Del llamado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, llegó a la Sala Especial de Instrucción un proceso contra el exsenador Iván Moreno por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, con referencia a los hechos que rodearon las millonarias contrataciones en obras de infraestructura del Distrito Capital durante la administración del alcalde Samuel Moreno Rojas.

Como se recuerda, este proceso se suma al que ya adelantó la Corporación contra el exsenador Moreno Rojas y en el cual fue condenado a 14 años de prisión, luego de ser declarado responsable de los delitos de concusión, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

También fue enviado a la Sala Especial de Instrucción la investigación que se adelanta contra el exsenador Musa Besaile por el escándalo de corrupción que se habría presentado en la Corte Suprema entre 2013 y 2015, por el accionar del llamado ‘cartel de la toga’, que habría sido integrado por magistrados, exmagistrados y abogados para supuestamente vender fallos favorables a congresistas y otros políticos.

Besaile confesó que pagó $2.000 millones para frenar una orden de captura que venía en camino en 2015.