DURANTE LA primera sesión conjunta de las comisiones altas del Congreso tanto de Senado como Cámara de Representantes, se llevó a cabo la discusión del proyecto de la Jurisdicción Agraria. Si bien el consenso general de los cabildantes apunta a la implementación del proyecto con miras a acabar con un problema de tierras que radica desde siglos atrás, la bancada del Uribismo urgió a limitar funciones de la Agencia Nacional de Tierras.
La sesión buscaba justamente determinar las funciones de la jurisdicción agraria que tiene como objetivo “garantizar que los conflictos agrarios sean resueltos de manera pacífica por jueces y magistrados que estén especializados en la administración de justicia bajo los principios y finalidades de las normas agrarias”.
En esta se establecen puntos como la separación de poderes entre la ANT, la propia Jurisdicción y una separación entre el Poder Administrativo y Judicial en el marco de la resolución de estos conflictos. Sin embargo, representantes especialmente de la oposición dejaron firmes sus posturas en relación a los problemas que esto puede generar, además de lo que representaría para el país aumentar las funciones de la Agencia a la cual señalan, con esta Jurisdicción podría ser “juez y parte”, lo que el representante Hernán Cadavid declaró como un “conflicto de competencias”, especialmente por los choques con las jurisdicciones civiles.
Cadavid, quien junto con la representante Marelen Castillo propuso una ponencia con diversos ajustes al proyecto, apuntó la existencia de unos principios dentro de la actual reforma, que llevaría a la interpretación de los jueces para la resolución de conflicto, en lugar de un seguimiento al pie de la letra de las normas.
Las mayores peticiones de modificaciones llegaron de parte de la senadora Paloma Valencia. La congresista celebró que esta reforma hace serias modificaciones a las “expropiaciones”, pero advirtió que, con la misma, el Estado adquiere un poder en el que determina quiénes sí tienen derecho a la posesión de tierras y quiénes no, punto en el que basó su argumento para la discusión de esta jurisdicción.
Valencia dijo que uno de los mayores problemas que se han presentado por tierras a lo largo de la historia de Colombia se ha presentado por los terrenos baldíos, no ocupados y que durante ciertas jurisdicciones pertenecían al Estado, pero que desde 1936 podrían ser explotados por los ciudadanos y tras legalización, pasaría al poder de quiénes trabajaran las tierras. No obstante, tras modificaciones, las hectáreas no legalizadas volvieron al poder del Estado en 1994 y que se volvieron motivo de conflicto.
Allí, la senadora apuntó que dentro de esta reforma el Gobierno otorga funciones a la ANT para la solución de estos conflictos, a lo que pide “que esto lo resuelva un juez de la República, con toda la paciencia para decir bajo qué normatividad se puede proteger el bien”.
Además, agregó que, de acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, “algo más del 36% de los títulos de Colombia poseen una falsa tradición, pues en algún momento llegaron a ser terrenos baldíos”. La propuesta fue respaldada justamente por David Luna, quien señaló un serio problema que se presentaría entre los artículos 12 y 57, en el que la ANT podría, inicialmente conocer toda la carga probatoria dentro de procesos relacionados a la adjudicación de tierras, entre otros, por deslinde, controversias por contratos agrarios, la división de un inmueble, y demás, en los que el ente podría adoptar disposición, fungiendo como “juez y parte”, según señala el senador.
Finalmente, Valencia también pidió que las extinciones de dominio en casos de procesos agrarios, especialmente por daños ambientales, deben ocurrir a través de indemnización. Asimismo, puntualizó que siempre se deben priorizar las competencias de las entidades ambientales entre ellas el Ministerio de Ambiente, y, por lo tanto, este tipo de casos no se deben entregar a esta jurisdicción agraria.