El 7 de febrero de 2003, sobre las 8:00 p.m., un carro bomba con 200 kilos de explosivos estalló en las instalaciones del club Cl Nogal, en el oriente de Bogotá.

Veinte años después, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que la investigación por el atentado, cometido por las Farc, tendrá prioridad.

De acuerdo con esa entidad, la priorización del expediente por el ataque con carro bomba en el que murieron 36 personas está enmarcada en el décimo macrocaso que allí se estudia: el de crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas Farc-Ep. En los próximos días, la Sala de Reconocimiento de la JEP llamará a rendir testimonio a las estructuras de la antigua guerrilla implicadas en este criminal atentado.

En el macrocaso que investiga los crímenes cometidos por la desmovilizada guerrilla, entre los que figuran asesinatos selectivos, la JEP ha estimado un universo de 29.700 víctimas de actos terroristas.

Lo que señaló el Consejo de Estado

El Consejo de Estado revocó una sentencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había condenado a la Nación a reparar económicamente a una familia víctima del atentado al Club El Nogal de Bogotá, que perpetró la otrora guerrilla de las Farc.

En este caso, las víctimas señalaron que, pese a que el daño fue producto de un acto terrorista de la insurgencia, las autoridades debían resarcir a los demandantes. A su juicio, la información de inteligencia que evidenciaba la intención de la guerrilla de cometer numerosos atentados en la capital, probaba que la acción era previsible. De ahí que consideraran que las autoridades habían incurrido en una omisión por no tomar medidas ante la inminencia del ataque. Así lo expusieron al presentar la demanda de reparación directa objeto de esta decisión.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Fiscalía General. Concluyó que no se adelantó una investigación sobre los atentados que planeaban ejecutar las Farc en Bogotá, lo cual impidió tomar medidas preventivas que permitieran mitigar un riesgo como el supuestamente materializado. Además, precisó que la presencia permanente en las instalaciones del club de altos funcionarios del Estado que eran objetivos militares de los insurgentes, expuso a las víctimas a un riesgo que no estaban en el deber de soportar. Por estas razones, la corporación ordenó a las autoridades reparar el 70 % del daño que se causó con estos hechos.

La decisión fue apelada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), con el propósito de que el Consejo de Estado absolviera a las entidades condenadas. Sostuvo que no se probó que el hecho fuera previsible, que tampoco hay evidencia que estuviera dirigido contra funcionarios estatales y que el daño fue causado por un tercero, en este caso la guerrilla de las Farc. Los demandantes también presentaron recurso de apelación, pues aspiraban a que se reconociera un monto más alto a reparar, entre otras cosas porque, a su juicio, se debía ordenar a las entidades estatales resarcir la totalidad de los perjuicios.

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Al explicar por qué se revocó la condena, el Consejo de Estado precisó que el deber que tiene el Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos no significa que el juez de reparación no deba tener en cuenta las limitaciones que puedan enfrentar las autoridades para evitar ataques como el que fue materia de este litigio. Aclaró que, en este caso, se probó la imprevisibilidad e irresistibilidad de los hechos que, dice, debían ser atribuibles exclusivamente a los integrantes de la entonces guerrilla de las Farc.

La sala precisó que la información que interceptaron los organismos de inteligencia sobre los planes del grupo armado señalaban como objetivos la sede del Congreso, alcaldes y legisladores, pero nunca se mencionó el Club El Nogal como posible blanco. El fallo del Consejo de Estado también describe elementos de prueba aportados al proceso, según los cuales se indica que, en ese entonces, no podía interpretarse que altos funcionarios del Estado que frecuentaban el lugar pudieran ser objeto de atentados como el que se produjo.

Los victimarios

Por su parte, Rodrigo Londoño, del partido Comunes, ha afirmado ser consciente del daño que causó la acción terrorista y la calificó como un error.

“Fue un acto atroz que jamás debió haber ocurrido. Como último comandante en jefe de las desaparecidas Farc, lamento profundamente este hecho que solo trajo dolor injustificable".

Pese al perdón, el antiguo comandante de las extintas Farc señaló que es poco lo que puede aportar sobre el caso. "Hemos aportado lo que teníamos. Esa es la información que hay, más detalles no tenemos", manifestó 'Timochenko'.

Londoño aseguró desconocer "las razones que llevaron a compañeros de las Farc-EP a poner la bomba en El Nogal. Se decía que allí se reunía la exministra y excanciller Marta Lucía Ramírez con paramilitares. No me consta, pero así fuera cierto, no era razón para cometer este crimen", alegó el líder de los Comunes.

Y agregó: "Jamás nos motivó afectar a la población civil y este tipo de hechos me avergüenza, porque son actos contrarios a nuestra ética revolucionaria". Aseguró que “se demostró que esta era una acción que fue contra los mismos principios que regían el accionar de las Farc, pues no se tuvo un rédito político”.

Por otra parte, consideró que el Estado es el que debe responder a las víctimas con la reparación, dado que, según él, la desmovilizada guerrilla ya entregó sus bienes al Gobierno Nacional.

Posición de las víctimas

Por su parte Bertha Lucía Fríes, una de las líderes de las víctimas, aseguró que “hay una tristeza muy grande. Se ha conocido durante los años que se sabía que este atentado iba a ocurrir y no hicieron nada. Seguimos preguntándonos cómo le vendieron esta acción a un socio y no se hizo nada… Los avances en la justicia ordinaria son muy pequeños, hay demandas que están funcionando, pero todavía la reparación es nula”.

Fríes recordó que dentro de su propio camino de reconciliación con las extintas Farc, el 3 de noviembre de 2016 ella realizó un viaje a La Habana y se reunió de frente con el hoy jefe de las disidencias de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez.

Fríes permaneció ocho años lisiada luego de que una pared le cayera encima en el atentado y le fracturara la columna.