EL NUEVO SIGLO: ¿La Cárcel y Penitenciaría la “Tramacúa” es una de las más seguras del país?

DANIEL FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS: Su diseño estuvo a cargo del Inpec y del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Es considerada una de las penitenciarías más seguras del país dada su infraestructura y, además, por un muro de unos siete metros de alto por 50 centímetros de ancho.

ENS: ¿Cómo es la “Tramacúa” por dentro?

DFGR: Cuenta con 12 pabellones donde se albergan privados de la libertad sindicados y condenados en mediana y alta seguridad. Cuenta con espacios apropiados para el esparcimiento, la educación, los talleres para los procesos de resocialización, la visita y atención en salud de todos los privados de la libertad.

ENS: ¿Es a prueba de fugas?

DFGR: Ningún establecimiento es a prueba de fugas. No obstante, aunamos esfuerzos diarios para garantizar la seguridad física, procedimental y dinámica de la prisión. Cuenta con un diseño para evitar que se produzcan fugas y una serie de medidas restrictivas como las Guayanas, la guardia externa, los alambres de púa, entre otras.

Condiciones

ENS: ¿Es cierto que la prisión aloja a los más temidos criminales?

DFGR: En la “Tramacúa” tenemos a narcotraficantes, integrantes del crimen organizado y violadores, entre otros. Es decir, tenemos allí unos internos con perfil alto de connotación nacional.

ENS: ¿Quiénes son los internos más destacados por su alto perfil criminal?

DFGR: Hay muchos. En la prisión se encuentran personas de las AUC, del crimen organizado, de la llamada Oficina de Envigado, Rafael Uribe Noguera, Carlos Robayo Escobar, alias ‘Guacamayo’, quien purgó una condena en Estados Unidos y fue deportado a Colombia; Luis Ramírez Maestre, alias ‘Monstruo de la Soga’ y José Vera Sulbarán, alias ‘Satanás’, quien generó amenazas y extorsiones en Bogotá. Cuenta con medidas especiales de seguridad para evitar que incurra en hechos de extorsión y otros delitos. También para evitar que pueda ser agredido y/o asesinado por otros internos.

Controles

ENS: ¿Cómo se controla la extorsión en esta prisión?

DFGR: La extorsión se está controlando no solamente en “La Tramacúa”, sino en todo el país. Tenemos un plan de intervención penitenciario que iniciamos con la “Operación Dominó” en ocho establecimientos. En la segunda fase está incluido este centro. Los extorsionistas permanecen en celdas independientes, no aisladas.

Contamos con cámaras de videovigilancia y trabajamos con la Fiscalía para que en caso que se encuentre algún celular a uno de los internos, se abra una investigación inmediata para establecer quién ingresó ese equipo y poder capturarlo.

ENS: ¿Los traslados de los extorsionistas funcionan?

DFGR: La “Operación Dominó” se adelantó contra unos 29 internos dedicados a la extorsión y, por esta razón, se hicieron cerca de 200 traslados para un mayor control.

ENS: ¿Hay control de las llamadas?

DFGR: Actuamos en el marco de la ley que permite que toda persona privada de la libertad tenga acceso a un teléfono público para comunicarse con sus familiares, amigos y abogados.

En este caso detectamos a alias ‘Satanás’ que utilizó el teléfono público para llamar a un delincuente que grabó la llamada y generó la amenaza y la extorsión. De eso hemos hablado con el Ministerio de Justicia para poder regular ese tipo de situaciones.

ENS: ¿Qué pasa con los inhibidores?

DFGR: Tenemos varias hipótesis y es que varias personas que residen alrededor de los establecimientos carcelarios instauran denuncias en contra del Estado y nos hemos visto afectados en nuestro presupuesto en más de mil millones de pesos en multas por afectar la señal telefónica de los ciudadanos. Pero también tenemos otras informaciones por confirmar y es que algunos delincuentes se ubican alrededor de los establecimientos y generan tutelas, denuncias y derechos de petición para que nos apaguen los bloqueadores.

ENS: Entonces, ¿más tecnología y control?

DFGR: Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y con la Uspec para la contratación de la telefonía que viene de la mano con la inhibición. Se busca que esos inhibidores sean más focalizados y únicamente afecten las señales de los establecimientos.

Hablamos con los alcaldes, porque en las 126 cárceles en el país, tenemos convenios con los entes territoriales para contar con mayores mecanismos de seguridad y evitar el ingreso de celulares. Revisamos la instalación de los bloqueadores y evitar que sean vandalizados y que la corrupción los apague.

Fosas comunes

ENS: ¿Qué pasa con las denuncias en la JEP sobre fosas comunes en la Cárcel Modelo, en Bogotá?

DFGR: Tenemos toda la disposición para que los entes de control y los investigativos como la JEP, la Procuraduría y la Fiscalía ingresen a revisar. Entiendo que en el pasado ya se había hablado del tema e incluso se hicieron excavaciones, pero hasta el momento no han encontrado nada.

ENS: ¿Cómo avanza el plan transparencia?

DFGR: Contamos con varias líneas de trabajo, entre ellos una operacional que consiste en requisas, en operativos, con cámaras de videovigilancia y de articulación institucional de traer las capacidades investigativas de la Fiscalía, de la Policía, del Gaula, de la Dijin, de la División Anticorrupción y una línea de gobernabilidad para que nosotros podamos tener un control de todos los funcionarios del Inpec para poderlos trasladar, investigar y tomar decisiones contundentes frente a hechos de corrupción.

ENS: ¿Qué balance arroja el plan transparencia?

DFGR: El Inpec es una excelente empresa, porque es un servicio esencial del Estado. La función que cumple vigilando, custodiando y resocializando a las 102 mil personas privadas de la libertad, aproximadamente, es muy importante.

Hay empleados comprometidos y transparentes con la institución, pero desafortunadamente tenemos más o menos a 3.800 funcionarios investigados en todos los cargos: 135 directores, 130 del área administrativa, 3.400 uniformados y a unos auxiliares que los cobija la Justicia Penal Militar.

ENS: ¿Sanciones?

DFGR: Luego de los procesos de Ley se han sancionado a 165 funcionarios, entre ellos 53 destituciones, 107 suspensiones, 12 multas y unas amonestaciones. Y, con la Fiscalía tenemos 42 procesos judiciales que permitieron la captura de 35 servidores de la institución.

En flagrancia se han capturado a 125 funcionarios que trataban de ingresar elementos prohibidos a las prisiones como celulares y sustancias estupefacientes, entre otros.