El camino hacia la justicia virtual incrementó debido a la emergencia sanitaria que se vivió por la pandemia del covid-19, junto a las medidas de contención del virus que se implementaron, y que además, impedían la vida social y laboral de manera presencial.

Es por ello que se expidió el Decreto 806 del 2020, el cual facilitaba el acceso a la justicia por parte de los funcionarios judiciales, abogados y usuarios en Colombia. Sin embargo, esta disposición perdió su vigencia a inicios del mes de junio del presente año.

El presidente Iván Duque sancionó la Ley 2213 de 2022, que había sido aprobada por el Congreso, la cual adopta como permanente el decreto mencionado anteriormente, garantizando “la virtualidad permanente en la administración de justicia como regla general, flexibilizando la atención a los usuarios del servicio de justicia en todo el país”.

Para entender un poco más sobre este decreto Jimmy Jiménez, fundador del bufete de abogados Integrity Legal, explica: “A través de este decreto podemos presentar las demandas y tutelas en línea, por medios como correo electrónico o las páginas oficiales de la rama; asistir a las audiencias desde cualquier lugar del mundo, revisar los procesos en línea, comunicaciones y notificaciones a través del correo electrónico, los cuales son atendidos por la rama judicial vía digital”.

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Además añade que “La justicia virtual no es opcional, será permanente; implica que todos los jueces en Colombia, fiscales, funcionarios públicos y abogados, tendremos que capacitarnos en crecer en el conocimiento de la justicia virtual. Eso quiere decir que el Estado colombiano tendrá que hacer todos los esfuerzos para que la justicia virtual sea más eficiente. Por esta razón, es importante entender que hoy la justicia virtual es una realidad en el país, y que prevalece sobre la justicia presencial”.

“Se logró la gran revolución que necesitaba la justicia colombiana. Se establece como regla general la virtualidad en las audiencias en todas las jurisdicciones", dijo, por otro lado, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, quien agradeció especialmente la gestión del Ministerio de Justicia y varias organizaciones para "sacar ese mico espantoso que pretendía excluir a la jurisdicción penal de la virtualidad".

Según explicó Bernate, "excepcionalmente, si se requiere la práctica de un testimonio, el juez puede decretar que la audiencia se haga presencial, pero quienes no quieran o puedan asistir pueden conectarse".