Con los votos necesarios, por lo menos sobre el papel, para ser aprobado en cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara, está el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, a la justicia y a la participación pública en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Para la votación hay dos ponencias: una mayoritaria de la coalición de gobierno que pide la aprobación de la iniciativa y otra de la oposición, que solicita su archivo.
La iniciativa lleva dos años dando vueltas en el Congreso sin lograr su aprobación por los argumentos que han expresado congresistas y la mayoría de gremios, los cuales sostienen que algunas de las disposiciones de este tratado internacional podrían ser una talanquera para la realización de proyectos de desarrollo en el país.
En 2020 fue radicado por el gobierno Duque el proyecto de Escazú, administración que adoptó una política ambiental de Estado a través de la cual el país planea cumplir lo pactado en el Acuerdo de París, proteger su biodiversidad y contribuir en la mitigación de los efectos del cambio climático en el planeta. Sin embargo, la iniciativa no tuvo trámite en el Congreso por falta de consenso.
En noviembre del 2021, el entonces presidente Duque se comprometió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, Escocia, en la ratificación de este Acuerdo.
Por ello el anterior gobierno insistió en radicar el proyecto, logrando que en abril pasado fuera aprobado por la Comisión Segunda del Senado.
El nuevo gobierno desde un principio se comprometió con lograr la ratificación del Acuerdo de Escazú, prácticamente ‘adoptándolo’ como parte de su paquete legislativo. Lo que era previsible, porque una de las banderas del presidente Gustavo Petro es la ambiental, principalmente la lucha para mitigar el cambio climático con medidas como la reducción de gases que provocan el efecto invernadero.
También varias de las fuerzas que integran el Pacto Histórico, que oficia como partido de gobierno, y otras que integran la coalición que respalda las políticas del presidente Petro, como el caso de la Alianza Verde, abogan por la ratificación del Acuerdo de Escazú, pero en el anterior Congreso se vieron maniatadas para lograrlo porque como oposición eran minoría.
El panorama hoy es distinto, porque la coalición de gobierno tiene las mayorías tanto en la Cámara como en el Senado.
En el caso de Cámara la coalición de gobierno tendría 146 votos, muy por encima de los 94 votos que se requieren para la mayoría. Por ello, de no presentarse un hecho extraordinario, es previsible que la plenaria apruebe en el cuarto y último debate la ratificación del Acuerdo de Escazú.
El Tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a los grupos étnicos y la sociedad civil.
Escazú presenta tres elementos clave: el acceso a la información pública, la participación ciudadana en las decisiones que se tomen sobre el sector y la justicia ambiental.
Los gremios
Tras la aprobación en primer debate del proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú, el Consejo Gremial envió una carta al Congreso pidiendo que no siguiera su trámite y propuso en cambio un debate nacional sobre la conveniencia o no de esta normatividad.
En una comunicación éste señaló que “luego de un análisis cuidadoso del tratado y de la normatividad nacional e internacional aplicable en el país, el Consejo Gremial Nacional insiste en que el Acuerdo de Escazú es innecesario y altamente riesgoso –por ende inconveniente– para Colombia y en particular para la reactivación y el crecimiento económico, el incentivo a la inversión y fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios”.
Subrayó que “el Consejo Gremial Nacional, en representación del sector empresarial colombiano, registra con preocupación la aprobación de parte de la Comisión Segunda del Senado de la República del proyecto de ley que busca ratificar el Acuerdo de Escazú, y hace un llamado respetuoso al Gobierno Nacional, y en particular al honorable Congreso de la República, a la no ratificación del mismo”.