
EN EL consejo de ministros esta semana se anunció que se erradicarán de manera voluntaria 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos en el Catatumbo, dentro del plan de intervención en esta región de Norte de Santander, que en el último mes ha sufrido una grave afectación de orden público y humanitario por los grupos armados. El director de la Policía, el general Carlos Triana, le dijo a EL NUEVO SIGLO que la meta de erradicación este año en todo el país son 30.000 hectáreas. Analistas consultados coinciden en que es una apuesta baja dado que en el territorio nacional hay más de 253.000 hectáreas.
No obstante, el académico de la Universidad del Rosario Óscar Palma, quien fue director del Observatorio de Armas y Drogas Ilícitas de este centro académico, dijo que más allá de si es una meta alta o baja de erradicación, el mayor problema es que se adolece de una estrategia integral para enfrentar los problemas de las regiones más conflictivas.
Indicó que “creo que la meta que está allí citada realmente es muy relativa si es alta o baja dependiendo del punto de vista. Si se tiene en cuenta la cantidad de hectáreas cultivadas en el país, pues evidentemente va a ser una meta baja; si se tiene en cuenta lo que se puede hacer en un año, las capacidades y la situación de las regiones, puede ser una meta realista. Pero creo que el punto del debate va más allá de si la cifra es correcta o incorrecta, alta o baja, el problema es que seguimos adoleciendo de una verdadera estrategia integral para enfrentar los problemas de las regiones más conflictivas del país”.
Agregó Palma que “de cierta forma una estrategia que ate los esfuerzos de la supuesta paz con los esfuerzos de la seguridad, con los esfuerzos de la erradicación o la sustitución, o como sea la eliminación de las economías ilícitas. Sin una estrategia general que reúna todos estos componentes, que sea integral, esto de erradicar o no erradicar va a terminar siendo completamente irrelevante”.
Por su parte, Eduardo Díaz Uribe, fue director en el gobierno Santos del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, expresó que “durante el gobierno del presidente Santos en pleno proceso de paz de manera simultánea se erradicaron por parte de la Fuerza Pública cerca de 50.000 hectáreas y voluntariamente otras 46.000. De suerte tal que entre una y otra sumaron cerca de 100.000 hectáreas, con todo y ello los cultivos crecieron”.
Añadió Díaz que “la erradicación y sustitución voluntaria hasta ahora empezaría en el Catatumbo y en el municipio de Tibú, en lo que va corrido del Gobierno no han sustituido ni erradicado una mata voluntariamente. Y forzosamente están muy por debajo de las metas que se hayan propuesto”.
La apuesta este año
El jefe de Estado aseguró que en el Catatumbo existen 55.000 hectáreas sembradas de hoja de coca y lo que se propone es “erradicar cultivos de hoja de coca, 25.000 hectáreas como objetivo”.
Explicó que el método será “pagos por erradicación voluntaria de cultivos. Cultivos no es hoja de coca, cultivos no es cortar la mata dejando la raíz enterrada, no sirve. Pagar por la erradicación de cultivos es toda la mata incluida sus raíces. Es lo que impide que vuelva a retoñar”.
Añadió, además, que “esas 25.000 hectáreas deben ser tituladas al campesinado del Catatumbo, es el mecanismo con el cual contrarrestamos las decisiones del Eln de desocupar la región y transferir una población ajena al territorio”.
Por su parte, el general Triana dijo en entrevista con este Medio que “este año la meta es erradicar 30.000 hectáreas, además reforzaremos las capacidades de interdicción que nos permitan incautar la mayor cantidad de estupefacientes”.
En el actual Gobierno se redujo dramáticamente la erradicación forzada de cultivos ilícitos en comparación con lo que se vio en las administraciones Santos y Duque, pues en su política antidrogas es más fundamental la sustitución. En el año 2021 se erradicaron 103.257 hectáreas; en 2022, 68.893 hectáreas; en 2023, 20.323 hectáreas; y en 2024, 9.403 hectáreas.
Sin embargo, en sustitución de cultivos los avances son mínimos porque siguen las mismas 92.000 familias en el respectivo programa que dejó la Administración Santos. Aunque ahora se le pretende dar un impulso con lo que se tiene previsto en Catatumbo y en la región de El Plateado, en Cauca.