UNA SERIE de recomendaciones y comentarios envió la Procuraduría General de la Nación al Ministerio de Interior vinculados a la política pública de diálogo social.

Entre las observaciones del Ministerio Público está su preocupación ante los incumplimientos en diálogos y concertación en el país, lo que contribuye al recrudecimiento de los conflictos sociales, destacando la urgente necesidad de implementar medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de lo pactado.

A través de un documento, el ente de control destacó “la importancia de integrar en la política pública de diálogo social metodologías claras y precisas para el monitoreo de acuerdos, contemplando aspectos fundamentales como la descripción de actividades, cobertura geográfica, responsabilidades, tiempos, recursos necesarios, resultados esperados, impactos previstos, así como los riesgos y oportunidades asociados a estos procesos”.

Así mismo, puntualizó la necesidad de incluir metodologías que permitan “adelantar un análisis profundo frente a las causas estructurales de las demandas ciudadanas, facilitando así la construcción de consensos y la categorización de los conflictos sociales para su adecuado manejo y seguimiento. Además, se destacó la importancia de contar con información desagregada que permita identificar las zonas de mayor complejidad y conflictividad a nivel nacional y territorial”.

Otra de las observaciones hechas por la Procuraduría es la importancia de una participación mucho más activa y coordinada de las autoridades territoriales, asociaciones o agremiaciones departamentales y municipales, Ministerio Público, inspecciones de Policía y corregidores en la formulación e implementación de la política pública. Este enfoque territorial es crucial para enfrentar efectivamente los desafíos presentes en cada región del país.

“Otro aspecto de especial atención que resaltó el organismo es la necesidad de considerar las posibles afectaciones a los derechos de terceros no participantes en movilizaciones sociales, así como la protección de los servicios públicos esenciales y la infraestructura estratégica crítica de la nación, indicando que es fundamental abordar estas preocupaciones dentro de la política pública, asegurando un enfoque de acción sin daño”, afirma el documento del Ministerio Público.