CERCA DE 500 proyectos de ley están para estudio del Congreso en el segundo periodo de esta legislatura a partir de febrero próximo, que vienen del año anterior, como las reformas de salud, laboral y pensional. A ello se sumarán los que se radicarán en las próximas semanas, entre los cuales, aquellos que el Gobierno ha anunciado como la reforma de justicia y a la Ley de Servicios Públicos. Entonces, de antemano se visualiza que se podría presentar un trancón legislativo por la cantidad de iniciativas en juego.
Sin embargo, esta situación es un poco como caminar al borde del precipicio, y el Gobierno lo sabe porque el pasado año la agenda legislativa por la cantidad de sus proyectos se paralizó en buena medida, pues la discusión se dio alrededor básicamente de las tres grandes reformas que presentó: salud, pensional y laboral, que por la falta de consenso consumieron muchas semanas en comisiones y plenarias.
Como consecuencia, la mayoría de iniciativas de origen parlamentario no tuvieron trámite o solo lograron avanzar en un debate, y es una situación que podría repetirse este año debido a que se prevé que nuevamente las grandes reformas del Gobierno que vienen en tránsito del 2023 concentrará la atención.
La polémica reforma de salud llega al Senado, comenzando en la Comisión Séptima en tercer debate; la pensional debe rendir su segundo debate en la plenaria del Senado; y la laboral sigue su votación en la Comisión Séptima de la Cámara.
Según Orza y su sistema de monitoreo Sonar, en el pasado semestre se presentaron 551 proyectos de ley y de reforma constitucional al Congreso, de los cuales solo lograron ser aprobados 15 (2,72%).
De ese número de proyectos, 483 siguen en trámite en la segunda parte de esta legislatura a partir de febrero próximo, 26 de ellos de iniciativa gubernamental.
Con el tiempo en contra
La administración Petro de entrada le apostó a sacar adelante un frondoso paquete legislativo con muchas reformas de fondo, obrando en ese sentido de acuerdo a su eslogan del Gobierno del cambio.
Entre agosto y diciembre de 2022, el Ejecutivo presentó la reforma tributaria, la reforma política, la reforma al Código Electoral, la Jurisdicción Agraria y Campesino Sujeto de Derechos, entre otras, logrando su aprobación o que avanzaran para seguir su discusión en 2023.
Este éxito en buena parte se explicó porque la Casa de Nariño contaba con una coalición joven y fuerte, además de la experiencia política y en el Congreso del entonces presidente del Senado, Roy Barrera, integrante del partido de gobierno, el Pacto Histórico.
Confiado el Gobierno en que tenía la sartén por el mango con unas mayorías que le daba su coalición en el Senado y la Cámara, apostó a la misma fórmula de una gruesa agenda legislativa en el primer semestre del 2023, cuando radicó las reformas de salud, pensional y laboral; la ley de sometimiento a la justicia de los grupos criminales de alto impacto; y la ley de humanización carcelaria.
A este paquete de proyectos se sumó el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 así como el Presupuesto General de la Nación para el 2024.
Empero, la falta de consenso con las diferentes fuerzas políticas antes de radicar las reformas de salud, laboral y pensional, así como por el rompimiento de la coalición a finales de abril pasado, cuando se retiraron el Partido Conservador y la U, precisamente, por estar en desacuerdo con el primero de estos proyectos, le significaron al Gobierno dolores de cabeza para sacar adelante su agenda legislativa, donde el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y otros titulares de cartera tuvieron que hacer maniobras de filigrana política para lograr los votos necesarios.
Por esas circunstancias varias iniciativas del Gobierno se quemaron en la primera legislatura, como fue la ley de humanización carcelaria, la ley de sometimiento a la justicia y la reforma laboral, por citar algunas.
A pesar de que la coalición quedó debilitada el Gobierno no se contuvo en el segundo semestre del año pasado en seguirle apostando a una gruesa agenda legislativa. Insistió en la reforma laboral, también llegaron la reforma a la Ley de Víctimas, la Ley estatutaria de educación, el proyecto para crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital, la regulación de la Jurisdicción Agraria, así como en diciembre último llevó una iniciativa para crear la empresa estatal de minería.
A pocos días de que se posesionara en 2022, Petro manifestó que las reformas que se propone tendrían que aprobarse en la primera legislatura porque, de lo contrario, después podría ponerse el viento en contra.
“No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primero año o lo hacemos este año con el viento a favor, o sino después la historia nos manda hacia otros lares”, dijo Petro en esa oportunidad.
La meta del jefe del Estado no se cumplió porque las grandes reformas están a media marcha: salud, pensional y laboral, y su futuro es incierto por lo polémicas que las tres resultan, porque no tienen consenso en las diferentes bancadas y, de contera, el Gobierno no tiene las mayorías congresionales.
Lo que se ha anunciado
A mediados de diciembre pasado el presidente Petro anunció que en marzo del 2024 se debe presentar al Congreso la reforma a la justicia.
Por ello le pidió al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que sea conformada una comisión de expertos en diferentes ámbitos de la justicia que permita elaborar el proyecto de ley, de manera que “se pueda presentar a inicios del próximo año, en marzo, y se inicie un debate sobre la justicia en Colombia en su aspecto penal”.
También el Gobierno anunció la reforma al Código Minero y la reforma a la Ley 142 de Servicios Públicos. “En el 2024 se presentarán los proyectos de ley para reformar la ley de servicios públicos domiciliarios. Buscamos que el actor prevalente sea el usuario de los servicios públicos en Colombia”, dijo Petro.
Igualmente, hay expectativas por si el Gobierno se animará a presentar los proyectos de ley de sometimiento a la justicia por grupos armados de alto impacto, la de humanización carcelaria y la reforma a la ley de educación.