LA INCONFORMIDAD de las regiones por el monto de recursos que reciben de la Nación viene especialmente desde el 2001, cuando se hizo el primer ajuste al Sistema General de Participaciones (SGP) que estableció la Constitución. Desde entonces se han propuesto reformas al mismo para recuperar el nivel de ingresos; incluso, para incrementar las fuentes han planteado una tributaria regional, pero nada se ha concretado.

Actualmente, el pulso entre el Gobierno y los gobernantes territoriales toma fuerza por un proyecto de acto legislativo con estos propósitos, así como un referendo.

El Gobierno no está de acuerdo con el proyecto de reforma al SGP, porque dice que en los términos en que se presenta debilitaría las finanzas nacionales, por lo tanto no le dio el aval fiscal.

Tampoco la Casa de Nariño comparte la iniciativa de referendo que es impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, para el cual en este momento el comité promotor anda en la recolección de las 2'027.199 firmas ciudadanas de apoyo que como mínimo debe entregar a más tardar el próximo 28 de diciembre a la Registraduría.

Este referendo pretende preguntar a los ciudadanos en las urnas si están de acuerdo o no con que los impuestos de renta y patrimonio dejen de ser gravámenes nacionales y pasen a ser departamentales y del Distrito Capital, con lo cual se duplicarían los dineros que hoy reciben por el SGP.

Reforma al SGP

La iniciativa de reforma que fue presentada por parlamentarios de diferentes partidos modifica el artículo 357 de la Carta Política, de tal forma que el SPG “crecerá como porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación hasta llegar a ser el 46,5 % de estos en 10 años contados a partir del año 2027”. Agrega que en ningún caso los recursos podrán decrecer en términos reales de un año a otro.

El proyecto de reforma constitucional fue aprobado en la pasada legislatura en primera vuelta y en este momento está para sexto debate en la plenaria del Senado, para lo cual cuenta con ponencia.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda dijo sobre esta iniciativa, en una carta de comentarios que hizo llegar al Congreso, que “aunque el proyecto de acto legislativo pretende fortalecer la autonomía territorial, se limita a asignar un mayor número de recursos financieros a las entidades territoriales, desconociendo variables determinantes como las competencias de la Nación, departamentos y municipios en la prestación de los servicios sociales, las fuentes alternativas de financiamiento de la Nación y de los territorios, la modernización y consolidación tributaria regional, la capacidad institucional de las entidades territoriales, como la brecha social entre los territorios, entre otros".

Anota el Ministerio que este tipo de iniciativas pueden generar un desbalance fiscal y además "pueden poner en riesgo la provisión, calidad y continuidad de los servicios, la inversión social en el país y el uso eficiente y equitativo de los recursos".

El Ministerio indica en la carta de comentarios que cualquier propuesta de aumento en el monto de las transferencias de la Nación debería ir acompañada de un análisis detallado de las competencias a cargo de cada uno de los niveles de gobierno, en el que se tenga en cuenta que la “Nación se ve afectada en la misma proporción que se pretenda transferir a las entidades territoriales”.

El referendo

La Registraduría en la Resolución 6343, del pasado 27 de junio, declaró la inscripción del referendo denominado ‘Por las regiones firme’, tras cumplir los requisitos exigidos. Como consecuencia, inscribió al comité promotor, integrado por nueve personas.

Este comité debe recoger como mínimo 2'027.199 firmas ciudadanas de respaldo al referendo, para lo cual tiene plazo hasta el próximo 28 de diciembre. No obstante, los promotores se han puesto la meta de conseguir 4 millones de rúbricas, previniendo que en la revisión que haga la Registraduría Nacional determine inválida una importante cantidad por razones como que no son legibles, no corresponden con el número de la cédula o están repetidas, entre otras.

El más reciente reporte del comité promotor da cuenta de que han recolectado 800.000 firmas de respaldo en todo el territorio nacional, proceso que comenzó a inicios de julio pasado en Medellín y el resto del departamento de Antioquia, en donde en pocos días recogieron más de 3.000 rúbricas.

La iniciativa busca que los tributos de renta y patrimonio pasen directamente a los departamentos. Incluye la creación de un fondo de convergencia regional que compense a los departamentos que tendrían menores recursos, con el fin de generar equidad y así incrementar sustancialmente sus ingresos.

El Gobierno Nacional tampoco acompaña esta iniciativa de referendo para que los departamentos obtengan más recursos y, de esta forma, poder atender las numerosas obligaciones que hoy tienen debido al proceso de descentralización administrativa a partir de la Constitución de 1991.

El presidente Gustavo Petro indicó en la red X el pasado 9 de julio que “este referendo propuesto lo único que construiría es más pobreza en la mayor parte de los departamentos de Colombia. Concentrar los recursos en una región es uno de los mayores actos de egoísmo social que se pueden hacer en la historia de un país y no es sostenible. El país no lo resistiría. Se está mejor cuando los demás están mejor, no al revés”.

En noviembre pasado, el entonces director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge González, respondió a la por esos días apenas iniciativa del gobernador de Antioquia de un referendo de autonomía fiscal para las regiones.

“Estoy absolutamente convencido, y lo hemos dicho de mil maneras, los departamentos no tienen recursos fiscales”, dijo entonces el director del DNP. Frente a la iniciativa de este referendo, González señaló que está de acuerdo en buscar “unos recursos permanentes de los departamentos”, aunque advirtió que “tienen que ser recursos mucho mayores para que haya convergencia. La angustia de nosotros es que no hay convergencia nacional”.

En tanto que en abril de 2023, Ricardo Bonilla manifestó, al llegar al Ministerio de Hacienda, que "pienso es que es absolutamente necesario que el país revise el proceso de descentralización y que a los territorios se les otorguen recursos propios".

No obstante, el Gobierno a la fecha no ha concretado una iniciativa de reforma tributaria regional, mientras  que sí una nacional y hay otro proyecto en el mismo sentido que hace tránsito en el Congreso buscando  $12 billones para el Presupuesto General de la Nación de 2025, que está desfinanciado y por ello fue hundido por el Congreso.

Queja de los gobernadores

Otra fuente de recursos que tienen las regiones es el Sistema General de Regalías; sin embargo, los gobernadores manifestaron su preocupación por el recorte que se observa en el presupuesto 2025-2026.

La Federación Nacional de Departamentos dijo que “los gobernadores del país alertan imprecisiones en la formulación del presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2025-2026, poniendo en riesgo la financiación de programas y proyectos vitales para el desarrollo de los departamentos y la atención de las necesidades de los colombianos, como alimentación y transporte escolar, vivienda, entre otros”.